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Buscan cortar la ruta de los químicos

Desde la Sedronar, aseguran que en los últimos tiempos cambiaron algunos criterios para profundizar la investigación sobre los precursores que alimentan los "laboratorios".

05 de junio de 2011 a las 12:01 a. m.
Buscan cortar la ruta de los químicos

"La mayoría de las 'cocinas' de cocaína que hay en el país son de 'corte' o estiramiento del clorhidrato. Las que producen a partir de la pasta base son las menos". De esta manera, el abogado Mariano Donzelli, de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), adelantó las conclusiones de un estudio que se presentará el 14 del corriente en la Facultad de Derecho de la UBA. Según explicó Donzelli, titular de la Subsecretaría Técnica de Planeamiento y Control del Narcotráfico, en el estudio se detectó que el clorhidrato de cocaína llega desde Bolivia (la mayoría) y Perú, y en las "cocinas" locales es mezclado con otras sustancias de "corte" (como maicena, lidocaína, entre otras), que reducen la pureza y maximizan las ganancias de los "narcos", que venden como pura una cocaína que está lejos de serlo.En ese sentido, Donzelli resaltó que en los últimos tiempos la Sedronar profundizó el Registro Nacional de Precursores Químicos para intentar evitar el desvío ilegal de los precursores químicos hacia los laboratorios y "cocinas" de los narcotraficantes. Manual. "El Registro posee por primera vez un manual de procedimientos que establece todos los requisitos necesarios para poder operar con ellos, se actualizó la normativa en materia de precursores químicos, se aumentaron un 300 por ciento las auditorías, se elevó el nivel de control sobre algunas sustancias en particular (ácido fenilacético, metilamina, benzaldehído y nitroetano) y se aumentó casi un 60 por ciento la cantidad de sanciones administrativas aplicadas respecto de 2009, por infracción a la ley 26.045 de precursores químicos", describió. A través de estas acciones, resaltó, "se han radicado más de 25 denuncias penales en todo el país".Al respecto, en diálogo con La Voz del Interior , Donzelli apuntó que hay 11 condenas por este tipo de delito, 10 relacionadas con el contrabando de efedrina a México y una por el desvío de precursores químicos. Se trata de un caso juzgado el año pasado en el Tribunal Oral Federal 4 de San Isidro, en Buenos Aires, que ya tiene condena firme. Críticas. A mediados de 2009, una comisión especial que respondía al Ministerio del Interior elaboró un informe alertando que la Sedronar no era el organismo preparado para este tipo de control y que era mejor que la fiscalización de los precursores químicos dependiera del Ministerio de Salud. "La Sedronar –respondió Donzelli– ha realizado desde 2009 muchos cambios en el control de los químicos. Se trata de una visión distinta, en la que se debe actuar de manera coordinada con la Justicia y la Policía". "Habiendo notado que en nuestro país, como en toda la región, no existía una cultura de investigar el delito de tráfico ilícito de precursores químicos, se decidió realizar diversos simposios en todo el país (el primero de ellos fue en Córdoba el año pasado) a los que asistieron ya más de 130 jueces, fiscales y secretarios de juzgados y fiscalías federales, en los que se resaltó la importancia de investigar este delito y se debatió respecto de la doctrina y jurisprudencia existente en la materia", apuntó. Sobre cómo se está investigando en la provincia de Córdoba, Donzelli dijo que Drogas Peligrosas de la Policía provincial está detrás de ocho causas en las que se sospecha que puede existir un ilícito de este tipo. Y resaltó que desde el año pasado hay varias personas procesadas tras allanar dos laboratorios del Centro de la Capital, causa que investiga el fiscal federal Enrique Senestrari.En ese caso, la Cámara Federal debe decidir, ente otras cuestiones, si se trata de una causa penal o si sólo corresponde una falta de tipo administrativa. En ese sentido, Donzelli apuntó que en los diferentes cursos por todo el país se hizo hincapié en que se deben juzgar estos desvíos desde una óptica penal y la ley de estupefacientes plantea penas que llegan hasta los 15 años de cárcel.