Abusos a niños: citan a declarar al cardenal Karlic y a otros 14 religiosos

La justicia entrerriana citó a declarar al cardenal Estanislao Karlic, a dos arzobispos de Paraná y a doce sacerdotes en la causa que investiga al cura Justo José Ilarraz por abusos sexuales contra 50 niños en el Seminario Menor de la capital provincial, informaron hoy fuentes judiciales.

Junto a Karlic, el juez de Instrucción Alejandro Grippo convocó a brindar su testimonio a Mario Maulión y Juan Alberto Puiggari, del Arzobispado paranaense, y a doce curas, precisaron hoy los voceros judiciales.

De esta manera, hizo lugar al pedido presentado por el abogado querellante, Milton Urrutia, un ex seminarista que estuvo internado en ese instituto religioso y fue compañero de estudio de los hombres que denunciaron los abusos cuando eran niños.

"Le pedí al juez que cite a declarar a estos tres prelados, porque ellos tuvieron conocimiento de lo ocurrido en el Seminario de Paraná y no denunciaron el caso ante la justicia civil", dijo Urrutia, al tiempo que aseguró que esos hechos "frustraron" su carrera como seminarista.

Por escrito. En tanto, los voceros tribunalicios aclararon que los tres arzobispos tienen la posibilidad de declarar por escrito y no contestar preguntas de los querellantes, según lo que determina el artículo 250 del Código Procesal Penal.

Este beneficio que asiste a los arzobispos le impide momentáneamente al juez fijar la fecha de declaración de los prelados, porque tiene que esperar que Karlic, Maulión y Puiggari le comuniquen si declararán por escrito o concurrirán a los tribunales locales a dar su testimonio.

Urrutia dijo que "quienes aparecen más comprometidos son el cardenal Karlic y el actual arzobispo de Paraná, Juan Puiggari, quienes, a pesar de conocer los hechos, nunca los denunciaron ante la justicia ordinaria, mientras que Maulión se enteró de lo sucedido dos meses antes de jubilarse".

En tanto, en las últimas horas se sumaron a la causa otros dos nuevos querellantes que son los abogados Marcelo Baridón y Alvaro Piérola, quienes le pidieron al juez Grippo que prohíba la salida del país del cura Ilarraz, quien reside actualmente en la zona norte de la ciudad de Tucumán.

"La experiencia profesional nos indica que los acusados de cometer delitos seriales, como es el caso de Ilarraz, intentan evadir la persecución penal y utilizan todos los medios disponibles", dijo Baridón.

Ilarraz. Según el abogado, "Ilarraz dispone de recursos y contactos en el extranjero y ha visitado Italia, el Vaticano, Francia, Chile, Grecia y Egipto, donde ha vivido y estrechado vínculos de gran utilidad".

La causa contra Ilarraz está caratulada como "promoción a la corrupción agravada" y hasta el momento se han presentado a declarar en forma espontánea cinco víctimas de abusos y varios testigos y sacerdotes.

Los sacerdotes que también están citados a declarar son los dos presbíteros que en 1995 realizaron la investigación diocesana sobre Ilarraz: el párroco de la Catedral de Paraná, Silvio Fariña Vaccarezza, y el actual vicario general de la diócesis de Concordia, Alfonso Frank.

También deberán brindar sus testimonios monseñor Luis Alberto Jacob, ex rector del Seminario y hoy párroco de Nuestra Señora de la Piedad, y todos los sacerdotes que conforman el denominado decanato III.

Este decanato está integrado por los sacerdotes José Dumoulin, vicario de Nuestra Señora de Luján; José Carlos Wendler, párroco de Luján; Alfredo Nicola, párroco de Oro Verde; Mario Olivera, de Villa Urquiza; Agustín Hertel, de San Francisco de Borja; José María Gauthier, responsable de la Casa Padre Lamy; y el ahora vicario de Nuestra Señora de la Piedad, Leandro Bonnin.

El párroco de San Benito Abad, Leonardo Tovar, que también integra el decanato, ya declaró en la causa y complicó a Ilarraz.

La investigación sobre los abusos fue iniciada de oficio por el procurador general Jorge García, tras una investigación periodística local sobre los abusos que habrían ocurrido en la institución religiosa entre 1984 y 1992, contra niños de entre 10 y 14 años.

La investigación permitió comprobar que la Iglesia hizo una investigación del caso en 1995, que concluyó en una sanción meramente simbólica para Ilarraz que, además, nunca fue comunicada al Vaticano, dijo Urrutia.