El TSJ admitió recurso de Dómina contra la "tasa al agua"

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revisará la constitucionalidad de la ordenanza por la cual el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, impuso una sobretasa del 10 por ciento a los clientes del servicio de agua potable en la Capital, con el objeto de financiar por esa vía la ampliación de las redes de cloacas. Esa decisión fue en respuesta a un planteo efectuado por el concejal Esteban Dómina (Frente Cívico), quien puso en duda la validez legal de dicha sobretasa, al considerar que se trataba de un caso de "doble imposición" tributaria.El TSJ admitió la acción declarativa de inconstitucionalidad que elevó Dómina y entrará a evaluar ahora la cuestión de fondo. Sin embargo rechazó la medida cautelar interpuesta, con lo cual la Municipalidad podrá seguir cobrando la sobretasa hasta que se dilucide la cuestión legal en juego.El fallo concede que son "verosímiles los derechos constitucionales invocados", pero aclara que no advierte un peligro inminente que haga imprescindible la cautelar."El pago de la nueva contribución (...) involucra cuestiones meramente patrimoniales, por esencia pasibles de reparación por los mecanismos establecidos, lo que pone en evidencia la inexistencia de un agravio de difícil o imposible reparación ulterior", se expresó al respecto.Por lo pronto, el TSJ inició la evaluación de los argumentos expuestos por el concejal y emplazó a la Municipalidad a que en el plazo de seis días –a contar desde el 9 de agosto, día en que está fechado el fallo– comparezca, conteste la demanda, y ofrezca prueba.La denominada sobretasa al agua fue lanzada por Mestre a poco de asumir e incorporada al Código Tributario y la Ordenanza Tarifaria, con la intención de generar anualmente un flujo de fondos por casi 25 millones de pesos. Por esa vía se pretende financiar la ampliación de la infraestructura cloacal, ante la carencia de fondos genuinos de parte del municipio para encarar dichas mejoras. De hecho, el municipio ya cedió la recaudación de esa tasa por 12 años a un fideicomiso en el Banco de Córdoba, a los fines de financiar una inversión de 167 millones de pesos. En su planteo, Dómina invocó su doble situación de concejal y titular de un inmueble, aunque el TSJ le concedió legitimación para reclamar sólo por esta última condición.A criterio del concejal la mencionada sobretasa no puede considerarse una contribución "porque el supuesto aumento de valor de los bienes del contribuyente, en la mayoría de los casos no existe y en el resto no podrá existir"."La obra (presupuesto de la contribución) no existe simplemente porque la misma no se ha realizado, ni existe proyecto firme ni presupuesto aprobado en tal sentido. En otros casos, la obra está realizada y los contribuyentes ya pagan por ella", precisó, para concluir que es un impuesto sobre el consumo de agua.El edil consideró además que la sobretasa "viola el principio de legalidad al no determinar quién es el contribuyente ya que la obligación tributaria, como toda obligación, es de índole personal y por ende, el sujeto pasivo debe ser siempre una persona". También criticó que se viola el principio de igualdad de cargas tributarias y proporcionalidad."Pagarán todos de acuerdo a la factura del agua, cuando el agua no se factura cuando no hay medidor, sino que se cobra en función de los metros cuadrados en un inmueble", recordó."La doble imposición del nuevo tributo es total y absoluta", advirtió el concejal, al fundar su pedido de declaración de inconstitucionalidad de la norma.

$ 24 millones proyectados para este año

$ 2 millones por mes. Es la recaudación promedio de la Contribución para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria y Cloacal, que se conoce como "tasa al agua". Ese cargo equivale al 10 por ciento de la factura de Aguas Cordobesas, y fue creado por la administración de Ramón Mestre. Rige desde enero de 2012, pero se comenzó a cobrar varios meses después.

Para obras de cloacas. La recaudación no puede afectarse a otra cosa que no sea la inversión en infraestructura sanitaria y cloacal.

Obras por $ 167 millones. Es lo que el municipio pretende financiar en los próximos dos años a través de un fideicomiso que se financiará con los recursos de la tasa al agua. Esos fondos ya fueron cedidos por 12 años para el repago de las obras proyectadas.