La SIP alertó sobre el deterioro de la libertad de expresión

Buenos Aires. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que "el estado de la libertad de expresión se deterioró gravemente" en Argentina y condenó "las campañas de desprestigio y del continuo favorecimiento a los medios amigos con publicidad del Estado", los "bloqueos a la libre distribución de periódicos de sectores aliados al gobierno" y el "incumplimiento de órdenes judiciales con argumentos pueriles del Poder Ejecutivo". La SIP repudió los "seguimientos callejeros a periodistas, interceptaciones ilegales de conversaciones telefónicas por parte de servicios estatales de inteligencia y convocatorias del liderazgo sindical oficialista a boicotear a la prensa".La entidad emitió ayer un documento final en el que resumió las deliberaciones realizadas en San Diego, Estados Unidos, y en el que la situación en la Argentina tuvo un alto protagonismo. "En naciones como Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Guyana son frecuentes y reiteradas las campañas de desprestigio de los presidentes contra medios y periodistas", se explicó.También se consideró que "la distribución arbitraria de la publicidad oficial y el empleo de los organismos de control fiscal para frenar las críticas son moneda corriente en Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Guatemala".La SIP destacó que "la construcción de redes de medios de comunicación estatales y privados, afines al poder y sostenidos únicamente por recursos públicos, es ya una extendida práctica corrupta en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua".Para la entidad, "los casos de Argentina y Ecuador merecen especial destaque". "En Argentina, un conjunto de violaciones a la libertad de expresión se abatió contra medios y periodistas. Además de las campañas de desprestigio y del continuo favorecimiento a los medios amigos con publicidad del Estado, hubo bloqueos a la libre distribución de periódicos protagonizados por sectores aliados al gobierno, incumplimiento de órdenes judiciales con argumentos pueriles del Poder Ejecutivo, seguimientos callejeros a periodistas, interceptaciones ilegales de conversaciones telefónicas por parte de servicios estatales de inteligencia y convocatorias del liderazgo sindical oficialista a boicotear a la prensa", señaló el documento.Haciendo hincapié en nuestro país, la SIP exhortó al gobierno argentino a que "cese el uso abiertamente discrecional y arbitrario de la publicidad oficial en los medios de comunicación del país" y reclamó a las autoridades "el cumplimiento de sus deberes y obligaciones para evitar futuros obstáculos y trabas para la libre circulación de los diarios".La entidad también reclamó a las autoridades argentinas "el cese de las prácticas arbitrarias, intervencionistas y discriminatorias ejercidas en el marco de la aplicación de la denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual" y solicitó al Congreso "la reforma de la ley de forma que garantice la protección de los derechos constitucionales".En ese marco, exigió "a las máximas autoridades de Argentina que cumplan con su obligación de garantizar el libre ejercicio del periodismo, sin amedrentamientos ni amenazas de represalias que los periodistas y los medios puedan llegar a recibir por las investigaciones u opiniones que difundan públicamente".

Polémica pampeana

Ley. El gobernador de La Pampa, el justicialista Oscar Jorge, anunció ayer que estudia la posibilidad de aplicar una ley para que los medios en la provincia "puedan indagar, pero no juzgar". Jorge hizo esta declaración luego de que medios locales dieron a conocer que la empresa que ganó varias licitaciones tiene como contador a su hijo, Juan Pablo Jorge.

Críticas. El anuncio del gobernador pampeano fue criticado por el titular de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales, Gabriel Mariotto. "No puede existir un proyecto así en el marco de la democracia. No se trata de controlar discursos y no puede haber censura del Estado".