Schiaretti convocará a las universidades para auditar los concursos

El Gobierno de Córdoba resolvió convocar a las universidades para que supervisen el desarrollo del concurso para la designación de 747 cargos jerárquicos de la administración pública, a los fines de garantizar la transparencia del proceso que ya está en marcha, que cuenta con más de 3.100 inscriptos y que desató una fuerte controversia política.

"Estamos trabajando para que representantes del sector académico puedan sumarse lo antes posible y auditar el estricto cumplimiento de la ley 9.361, porque ésa es la manera de garantizar la transparencia y la ecuanimidad del proceso", indicó Miguel Civallero, secretario de la Función Pública y responsable máximo del concurso.

Indicó que se procura la participación de varias universidades y de académicos de diferentes ramas, pero no brindó mayores precisiones, dado que las conversaciones con esos sectores aún están en marcha.

La ausencia de referentes del sector académico es una de las principales críticas al concurso, junto a la conformación de los jurados, donde predominan dirigentes justicialistas y funcionarios del Gobierno.

Esto es así porque dos miembros de cada tribunal fueron designados por el Ejecutivo, y el tercero, por la Unión de Personal Superior, el gremio que participa en la organización del concurso.

Aunque la metodología genera cuestionamientos, se ajusta a lo establecido por el escalafón del empleado público. Además, esa ley fue aprobada por unanimidad en febrero de 2007.

Civallero recalcó que en ambos casos se actuó siguiendo la ley y que la norma no prevé la participación académica ni consigna inhibiciones políticas a la hora de conformar los tribunales. "Hay una instancia de recusación de los jurados y hay situaciones de amistad o enemistad manifiesta que se van a tener en cuenta", indicó.

La integración definitiva de los jurados se publicará el miércoles próximo en la página web oficial (www.cba.gov.ar).

Polémica desde el vamos. La polémica comenzó desde el momento mismo en que el gobernador Juan Schiaretti firmó el decreto 888, de convocatoria a concursos abiertos para cubrir 747 cargos de jefes de área y directores y subdirectores de jurisdicción.

La oposición denuncia que se trata de una maniobra para ubicar en cargos estratégicos y estables a la dirigencia peronista y dos candidatos anticiparon que las designaciones quedarán sin efecto si llegan al poder.

Ya hubo planteos administrativos contra el proceso y algunos gremios amenazan con acciones judiciales. Desde adentro de cada dependencia, en tanto, proliferan versiones sobre posibles acomodos, jurados que son jefes de los interinos que concursarán y hasta de supuestos exámenes que circulan entre los inscriptos.

Los cuestionamientos se acrecentaron con el avance del proceso y el Gobierno salió a responder a esas versiones sobre irregularidades y a defender la iniciativa. "Tanto la nueva orgánica como la cobertura de los cargos a través de concurso abierto están previstos en la ley, que además es una buena norma y garantiza transparencia", indicó Civallero.

Desde el Gobierno también sostienen que el número de inscriptos contradice la interpretación de que los concursos están direccionados. Recalcan que los anotados son más de 3.100, es decir que hay algo más de cuatro interesados por cargo -el número se reduce a tres cuando se considera que hay personas que se postulan para más de un cargo- y aseguran que algo más del 30 por ciento de los inscriptos no pertenecen a la administración pública.

Segundo llamado. Civallero ratificó también que tras la asignación de los 747 cargos del concurso abierto, prevista para el 1° de octubre, la Provincia realizará un segundo llamado "cerrado" a los agentes de la administración pública para cubrir cargos de inferior jerarquía. "Se trata de algo más de 600 cargos, pero dado que un centenar está cubierto por empleados que accedieron por compulsa interna, se concursarán unos 500 puestos", indicó Civallero. Ese concurso representará la restitución plena del escalafón del empleado público, que fuera suspendido por el ex gobernador Ramón Mestre.