La Provincia dice que nada la obliga
El Gobierno ratificó la decisión de interrumpir el traslado de presos federales. Reiteró el peso de la deuda de la Nación e indicó que ningún convenio obliga a Córdoba a brindar ese servicio.
El Gobierno ratificó la decisión de interrumpir el traslado de presos federales. Reiteró el peso de la deuda de la Nación e indicó que ningún convenio obliga a Córdoba a brindar ese servicio. La acordada de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba causó impacto en el Gobierno de Córdoba por la dureza de los términos elegidos por los camaristas Luis Rueda, Ignacio María Vélez Funes, Abel Sánchez Torres, y los jueces subrogantes José María Pérez Villalobo, José Vicente Muscará y Carlos Julio Lascano. No obstante, desde altas esferas del Gobierno ratificaron ayer la decisión, indicaron que no existe convenio alguno que obligue a la Provincia a prestar ese servicio, y recalcaron que hasta ahora la prestación se brindó por la buena voluntad de la Provincia y que la Nación ni siquiera paga las pólizas de seguro contra daños a terceros durante los traslados. Además, desde la Provincia aseguraron que la Nación adeuda 90 millones de pesos en concepto de gastos de alojamiento de los presos federales, y que esta semana no se registró el pago del cinco por ciento de esa deuda, que había sido comprometido por el Ministerio de Justicia de la Nación. Consideraron llamativo que la Cámara Federal ni siquiera mencionara esas circunstancias en su acordada.
90 millones adeudados
Según el Gobierno de Córdoba, la Nación adeuda unos 90 millones de pesos en concepto de alojamiento, alimentación y cuidado sanitario de unos 450 presos por causas federales, que se encuentran en las cárceles cordobesas. Los últimos pagos del Ministerio de Justicia de la Nación por esos conceptos datan de hace un año y medio.
