La primera decisión de sentido difuso

Casi todas las decisiones importantes que adoptó Ramón Mestre en los dos meses que cumplió ayer como intendente de Córdoba tuvieron sentidos muy claros: establecer algún criterio de orden, reducir los gastos o incrementar los ingresos, de modo de recomponer el equilibrio que las cuentas municipales perdieron hace años. La opción de mantener Crese, la sociedad del Estado que desde hace tres años se encarga de la basura, pero en paralelo ceder a manos privadas a partir del 1° de marzo los servicios más importantes de esa empresa municipal, es la más controversial de todas esas medidas.

Su sentido ayer se volvió difuso, ya que su objetivo de reducir lo mucho que se gasta para que la ciudad esté limpia (o no lo esté, según la zona y la ocasión) parece de difícil cumplimiento a la luz de las ofertas receptadas: si se suma lo que cobrarían las privadas y lo que seguirá demandando la "Crese residual", el costo mensual total orillará los 50 millones de pesos, contra los 44 millones que según el Ejecutivo se gastaron en 2011 para sostener a la empresa municipal.Mestre avisó en campaña que pensaba introducir una empresa privada. Pero entonces no se refería a lo que ahora está haciendo a toda prisa. La alternativa de ordenar Crese para frenar el crecimiento exponencial de sus gastos se daba por hecha en el Gabinete. Y fue así hasta que se adoptó la primera medida de achique: la baja de 195 contratos transitorios.

El gremio de los recolectores paró, se apoderó de la flota de Crese y sitió el Palacio 6 de Julio, sin privarse de descargar toneladas de basura.Mestre cambió de planes de inmediato. Decidió aprovechar la tregua que impuso la conciliación obligatoria (vence el viernes próximo) y buscar a dos privados para que se arreglen con Crese y con la mayor parte de sus empleados.

Unos meses antes, Juan Jure, intendente de Río Cuarto, se declaró espantado e impotente ante el poder desmesurado del Surrbac e hizo algo similar con la también municipal Gamsur. Todo indica que la mayor beneficiaria sería la misma en ambos casos: la empresa Cotreco.La férrea potestad del Surrbac puertas adentro de Crese es –según los mestristas– sólo una parte del problema. Sostienen que lo fundamental es la inviabilidad económica de la empresa. Aseguran que cada uno de sus números estuvo dibujado durante la gestión de Daniel Giacomino y consideran que no tiene sentido económico, operativo ni social el esfuerzo municipal por reemplazar el know how privado.

Le suman la deuda de 150 millones que deberá asumir el municipio y el total descrédito ante proveedores y entidades financieras, y llegan a la conclusión de es muy poco lo que la administración puede hacer por mejorar ese escenario.La oposición reduce todo esto a un afán privatista a cualquier costo y a la intención de eludir una licitación transparente. En ese caso, la conclusión apunta a que sólo se intenta beneficiar a algunos empresarios.Para los vecinos, hasta el momento no se prevén mayores cambios en la prestación, a no ser que la decisión de ahorrar se resuelva vía reducción de servicios.