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Prevén expropiar tierras tras la represión

El Gobierno jujeño remitió un proyecto a la Legislatura, que sería tratado la semana próxima. Mientras se confirmó una cuarta víctima, hubo protestas en distintos puntos del país.

30 de julio de 2011 a las 12:01 a. m.
Agencia DyN
Prevén expropiar tierras tras la represión

San Salvador de Jujuy. Un hombre que estaba en coma por un disparo recibido en la cabeza durante el violento desalojo del jueves de un predio privado en la provincia de Jujuy murió ayer por la mañana y seis de los heridos seguían internados, mientras se realizaban nuevas marchas de repudio en distintos puntos del país. La cuarta víctima fue identificada como Juan Velázquez, de 37 años, y su deceso fue confirmado a la prensa por el ministro de Salud jujeño, Víctor Urbani.Tras los incidentes, el Gobierno de Jujuy remitió un proyecto de ley al Poder Legislativo para expropiar tierras de la empresa Ledesma, en la localidad de Libertador General San Martín, donde se produjo el violento desalojo, además de otros terrenos en Fraile Pintado y Pampa Blanca.El proyecto ingresó por mesa de entrada legislativa y, según se informó, la intención del Ejecutivo local es que el proyecto se trate durante la sesión que se podría producir durante la próxima semana.Las tierras a expropiar pertenecen en General San Martín al grupo Ledesma, de la familia Blaquier, que posee más de 150 mil hectáreas no sólo en esa localidad sino también en localidades aledañas como Calilegua.En el caso de Fraile Pintado, ubicada a unos 95 kilómetros al este de esta capital, serían de la familia Bracamonte, y se desconoce aún a quién o a quiénes pertenecen las tierras de la localidad de Pampa Blanca, que está ubicada a unos 60 kilómetros al sur de esta capital.En tanto, fuentes oficiales revelaron a DyN que el actual secretario del Interior del Gobierno jujeño, Hugo Echavarri, estará a cargo en forma provisoria del Ministerio de Gobierno y Justicia y de la Jefatura de Gabinete, cargos que ostentaba el renunciado Pablo La Villa. Reacciones. Los incidentes del jueves durante el desalojo de un predio de Ledesma causaron conmoción en el país y llevaron a que la oposición embista contra el Gobierno nacional. La Casa Rosada, en tanto, expresó ayer su "repudio" a los hechos y, por medio de un comunicado del ministro del Interior, Florencio Randazzo, pidió a la Justicia el "inmediato" esclarecimiento de los hechos.Fue la primera reacción gubernamental a nivel de ministros, 24 horas después de los hechos, ya que el jueves sólo se había expresado la Secretaría de Derechos Humanos, que señaló su "honda preocupación".De los 63 heridos que dejaron los incidentes, "quedan sólo seis internados, dos en terapia intensiva del hospital local (en Libertador General San Martín), ambos heridos de bala, y cuatro en el Hospital Pablo Soria, de la capital jujeña, informó el ministro de Salud jujeño.Los graves disturbios se produjeron en horas de la mañana del jueves tras una orden que emitió el juez Jorge Samman para desalojar a unas 700 familias que estaban en el lugar y eran apoyadas por la Corriente Clasista y Combativa (CCC).La jueza Carolina Pérez Rojas, quien subroga a Samman porque éste salió de vacaciones luego de haber trabajado durante la feria judicial, indicó que "la Gendarmería Nacional va a peritar las armas" secuestradas porque en el caso "está involucrado personal policial" de la provincia. El expediente en el que se dispuso el desalojo se inició tras una "denuncia de la empresa Ledesma sobre la ocupación. Constatado esto por la Policía y hechas las notificaciones para que procedan al desalojo pacífico, vencido el plazo y no habiéndose retirado, la Policía tuvo que dar cumplimiento a la orden" de Samman, explicó la magistrada.Sobre las investigaciones, dijo que "habrá que esperar las autopsias" a los cuatro fallecidos, y que, de momento, "no se puede saber con certeza quién es el autor de los disparos".En ese contexto, el intendente de Libertador General San Martín, Jorge Ale, admitió un "déficit habitacional" que alcanzaría a "dos mil familias" en la zona, pero subrayó que carece de recursos para hacer frente al problema. La situación en Jujuy provocó una nueva serie de protestas en distintos puntos del país (ver Repudiaron la violencia... ). La principal tuvo lugar en la capital jujeña, donde sectores sindicales, sociales y políticos se movilizaron.