Por ahora, el plan antitoma de tierras es sólo un acuerdo verbal

Buenos Aires. El acuerdo entre los gobiernos nacional y capitalino que la noche del martes puso fin a la ocupación de ocho días del Parque Indoamericano en demanda de viviendas y que dejó un saldo de al menos tres muertos, tendrá implicancias para el resto del país. La confirmación que hizo en ese sentido el Gobierno nacional apunta a terminar con las tomas de tierras que tuvieron como epicentro la ciudad de Buenos Aires, pero que se extendieron al conurbano y a algunas provincias."Para todo el país regirá el mismo principio: el que tenga un beneficio o plan social del Estado, lo perderá si participa de algún tipo de usurpación pública o privada; y si no lo tiene, tampoco podrá acceder", dijo ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Éste y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, por un lado, y por otro el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri; su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, llegaron a un acuerdo la noche del martes después de la aprobación de la presidenta Cristina Fernández que puso fin a la toma del Indoamericano.Aunque ninguna de las fuentes de ambos gobiernos consultadas por este diario pudo confirmar si el acuerdo se hizo por escrito, sus puntos principales surgen de la declaración a la prensa que hicieron los dos jefes de Gabinete.Según sus dichos, en primer lugar prevé que el Gobierno nacional cofinanciará un plan de construcción de viviendas del capitalino para la urbanización de villas miserias. "Por cada peso, pondremos un peso", dijo Aníbal Fernández.Fuentes cercanas a Macri dijeron que el acuerdo conlleva la incorporación de la Capital al Plan Federal de Viviendas, del que está excluida desde que llegó al gobierno en 2007. También lo están Santa Fe, Chubut y San Luis. "Para este año, lo único que estuvo presupuestado fueron 30 millones para financiar las construcciones que hace Madres de Plaza de mayo", dijo una de esas fuentes.El segundo punto del acuerdo es que los posibles beneficiarios tendrán que acreditar al menos dos años de residencia en la Capital, según Rodríguez Larreta. También que de esos planes como de programas de asistencia social del gobierno porteño quedarán excluidos los que ocupen espacios públicos o privados.Los mismos criterios fueron ratificados por Aníbal Fernández. De ello se deprende que los eventuales ocupantes de tierra que reciban asistencia social, por caso la Asignación Universal por Hijo, dejarán de recibirla. Y si no la reciben, tampoco la podrán solicitar. "Esta decisión la tomamos en conjunto para todo el país", aclaró.La definición del jefe de Gabinete supone una marcha atrás después que el martes afirmara que no era delito la ocupación de tierras públicas o privadas.La cuestión por dilucidar es si el acuerdo Nación-Capital fue sólo verbal o también incluyó un documento escrito. De tratarse sólo de lo primero, podría haber sido una salida política de la Casa Rosada para descomprimir una situación de conflicto que perfilaba extenderse.Después de visitar el Indoamericano, desalojado por sus ocupantes en las primeras horas de ayer, Macri buscó sacarle jugo político al acuerdo: "El Gobierno nacional entendió que no se puede beneficiar o premiar a aquellos que en el futuro quieran tomar espacios públicos o pretendan cometer cualquier tipo de delitos".Pese a que desde todos los sectores se saludó el acuerdo, siguieron los cruces entre el Gobierno nacional y el ex presidente Eduardo Duhalde por la responsabilidad en las ocupaciones. Randazzo insistió en que hubo "intencionalidad manifiesta de generar zozobra e inestabilidad". Duhalde atribuyó las acusaciones en su contra a que será candidato presidencial por el peronismo opositor en 2011.