Piden a los jueces "pensar en el contexto que vive la Provincia"

El Gobierno provincial le respondió ayer a la Asociación de Magistrados que el viernes último pidió la inconstitucionalidad de la ley con la que se suspendió, hasta noviembre próximo, la aplicación de la equiparación salarial de los jueces provinciales con sus pares federales. En un evidente mensaje para la entidad que nuclea a los jueces y funcionarios judiciales, el presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, Sergio Busso, dijo que hay que ver "el interés general" y "pensar" en la situación que atraviesa la provincia, que hace "imposible" la aplicación de la norma que, por ejemplo, aumentaba hasta 4 mil pesos el salario a algunos jueces que perciben más de 20 mil pesos por mes."Viendo el interés general, hay que pensar en el contexto que está viviendo la provincia", señaló Busso. Y agregó: "Lo que decidimos fue diferir la implementación de la equiparación porque se hacía imposible".Busso remarcó que no es una derogación permanente de la ley de la equiparación, con la que el Gobierno está de acuerdo, aclaró; sino que es una suspensión hasta noviembre, ante la complicada situación financiera que atraviesa la administración delasotista.El legislador opinó que la ley que cuestionó la Asociación de Magistrados "no es inconstitucional" y que "no viola garantías constitucionales", como aseguró Luis Paoloni, titular de la entidad de nuclea a los jueces provinciales.La acción declarativa de inconstitucionalidad fue presentada el viernes en la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia pero su resolución demorará "bastante", indicó una fuente del alto cuerpo. Explicó que hay pasos previos a la resolución, trámites iniciales y notificaciones a las partes, incluso antes de que se resuelva si habrá o no apartamientos. ¿Quién resolverá? Está claro que es la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia la que debe analizar y resolver la acción de inconstitucionalidad, una Sala que está integrada por la totalidad de los miembros del TSJ (Domingo Sesin, Armando Andruet, Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti, Mercedes Blanc de Arabel, Carlos García Allocco y Luis Rubio). Pero no está claro si estos vocales pueden abocarse o si deben apartarse para no ser "juez y parte" en el pleito, ya que en su carácter de magistrados están comprendidos en el universo de las personas que se verían afectadas (beneficiadas o perjudicadas) por la resolución. El criterio de la Asociación de Magistrados y del propio presidente de la entidad es que los vocales deben apartarse y dejar el caso en mano de conjueces, que son abogados de la matrícula especialmente preparados y escogidos mediante un sorteo de una lista de postulantes.Pero en el Tribunal Superior no todos están de acuerdo con eso. Y la cuestión será motivo de resolución. Algunos miembros del TSJ entienden que este litigio termina afectando, directamente o indirectamente, a todo el universo del derecho, con lo cual, si se deben apartar los afectados, nadie va a poder resolver. En causas similares, años atrás, hubo resoluciones diversas.

Paso a paso

Equiparación. En 2008, durante la gestión de Juan Schiaretti, se aprobó la ley 9.725 para equiparar, en un 90 por ciento, los haberes de los jueces provinciales con los de los magistrados federales. Se inició un proceso que debía terminar de aplicarse plenamente en enero pasado.Suspensión. Ante la grave situación económica que atraviesa la Provincia, el gobernador José Manuel de la Sota impulsó una ley (la 10.035) que suspendió hasta noviembre próximo la vigencia de la equiparación.En contra. El viernes último, la Asociación de Magistrados le pidió al Tribunal Superior que declare inconstitucional la normativa suspensoria.

Sin fecha. En el Tribunal Superior no saben cuánto tiempo podría demorar la resolución de este pleito.