Para fiscal de la causa Ciccone, la expropiación "debería facilitar" la investigación

El fiscal federal Jorge Di Lello afirmó esta mañana que la eventual expropiación de la ex Ciccone Calcográfica "debería facilitar la investigación" de las irregularidades en torno a la empresa, por las cuales el vicepresidente Amado Boudou fue acusado ante la Justicia.

De concretarse la iniciativa kirchnerista, "con la causa no va a pasar absolutamente más que lo que tenga que pasar como consecuencia de la investigación que conduce el juez (Ariel) Lijo. En términos normales, debería facilitar la investigación en aquellos puntos que todavía conservan oscuridad, como por ejemplo, quiénes son los auténticos titulares", planteó.

En declaraciones a la FM Vorterix, a horas de que el proyecto de la Casa Rosada sea tratado por el Senado en comisión, Di Lello minimizó además que no se sepa quiénes son los dueños de la ex Ciccone: "Per se no constituye delito. Es una ocultación al sistema económico. Saber va a echar luz, pero no constituye un delito", aseguró.

"El Estado debe colaborar, y en honor a la verdad, lo está haciendo, con mayor o menor rapidez, pero la estructura burocrática funciona para bien o para mal", aseguró Di Lello, para quien "hay una serie de actos que el Estado debe cumplir para la expropiación que lleva a aclarar quiénes son los dueños" de la imprenta.

La presunción del fiscal sobre la colaboración estatal en torno a la causa Ciccone cuenta con un antecedente contrario y de tiempo reciente.En junio pasado, el diario La Nación dio cuenta de la desaparición del legajo de The Old Fund, el fondo que controla a Ciccone, de la Inspección General de Justicia (IGJ), un organismo que encabeza Norberto Berner, un integrante de La Cámpora.

Del organismo estatal desapareció el legajo 1.798.649, aunque durante la gestión a Berner, cuando el Inspector General de Justicia era Marcelo Mamberti.

La última actuación relevante de Di Lello en la causa data del jueves pasado, cuando imputó al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por presuntas irregularidades en el plan de facilidades de pago otorgado a la calcográfica.

El fiscal le pidió al juez Lijo que requiera a la AFIP los expedientes a través de los cuales se tramitó el plan por la deuda de la ex Ciccone, en la que Boudou intervino cuando era ministro de Economía y avaló un programa de cuotas excepcional, según había revelado Echegaray en una conferencia de prensa.

La Justicia investiga el proceso de levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone que hizo su nueva controlante, The Old Fund, de Alejandro Vandenbroele, quien según su ex esposa, Laura Muñoz, sería el testaferro de Boudou.

En ese contexto, el gobierno dispuso el martes intervenir a la principal imprenta del país, que quedará a cargo del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Hernán Lorenzino y de la Presidenta de Casa de Moneda, Katya Daura.

Además, envió al Congreso un proyecto de Ley que la declara de utilidad pública y sujeta a expropiación, iniciativa que el oficialismo hará analizar por un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.