Oposición busca frenar decreto de Cristina

Buenos Aires. La presidenta Cristina Fernández reglamentó la ley de medios –incluido el polémico artículo 161 que obliga a las empresas que mantienen varias licencias a desinvertir en el plazo de un año a partir de la fecha– pese a que su aplicación se encuentra suspendida a la espera de un fallo de la Corte Suprema. La desinversión fuerza a las empresas a vender licencias en ese plazo exiguo o a modificar la composición de sus accionistas en ese plazo terminante, con la consiguiente pérdida de valor de los activos. También reglamenta el artículo 41, que habilita a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) a disponer por su cuenta la transferencia de licencias si los titulares no lo hacen. El conglomerado de medios Clarín es uno de los más afectados por esta cláusula, pero no el único.El decreto entró en vigencia ayer, al ser publicado en el Boletín Oficial . Se hace así caso omiso al hecho de que la Justicia ha suspendido los efectos de varios artículos, a partir de amparos presentados en las justicias federales de Mendoza, San Juan, Buenos Aires y Salta.Por ésta y otras razones, diputados del Peronismo Federal, el radicalismo y la Coalición Cívica presentarán hoy un proyecto de ley conjunto para derogar el decreto reglamentario.Zulema Daher (PF) fundó esa decisión en que "todavía están abiertas todas las instancias judiciales" que habían frenado la aplicación de la cuestionada norma. Firmarán la iniciativa los diputados Silvana Giudici (UCR), Patricia Bullrich (CC) y Enrique Thomas (Peronismo Federal). Daher ejemplificó con la demanda que ella misma inició contra el artículo 161. "Ganamos en primera instancia; en segunda instancia la Cámara rechazó nuestro pedido y hace un mes pedimos un recurso extraordinario para que sea elevado a la Corte, lo que todavía no fue resuelto", afirmó. Giudici advirtió que "el Gobierno persiste en prácticas autoritarias e inconstitucionales al reglamentar una ley que continúa suspendida".En la misma sintonía, el socialista Roy Cortina dijo que "no le hace bien a la democratización de los medios hacer correr un plazo de caída de licencias que está cuestionado judicialmente". Y reclamó una reforma "que garantice que Canal 7 sea una emisora pública, en vez de un canal adicto al Gobierno como ocurre ahora".La reglamentación es profusa. El decreto tiene 164 artículos y disposiciones complementarias y faculta a la Afsca a dictar normas complementarias y aclaratorias. Reglamentarismo. Anoche, programadores de canales de televisión intentaban desmenuzar su contenido y anticipar sus posibles efectos económicos. Por caso, define que el horario central en televisión es de 19 a 23. También lo hace para la radio. En esos horarios impone condiciones de contenido particulares. También determina cuándo se pueden realizar publicidades durante las transmisiones deportivas, cuánto tiempo debe dedicarse a programas para chicos (tres horas diarias como mínimo), qué porción de los programas deben ser de factura nacional y hasta con qué frecuencia se deben programar las películas de estreno. Entre tantos detalles, obliga a citar las fuentes de datos estadísticos o de encuestas y a advertir sobre los contenidos de los flashes informativos si éstos pudieran vulnerar el horario de protección al menor. También prohíbe la promoción libre de otros programas. Además, autoriza a la Afsca "a modificar o actualizar el régimen de programación" y a decidir excepciones "por razones de fuerza mayor".Por otro lado, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura recomendó desestimar un pedido de juicio político contra la jueza federal mendocina Olga Pura Arrabal, quien mantuvo suspendida mediante una medida cautelar la totalidad de la ley de medios audiovisuales, hasta que la Corte Suprema revocó esa decisión.