Moraleja: más vale concurso a dedo que nombramiento directo

Algo parece haberse trabado en el controvertido concurso para la designación de 747 cargos jerárquicos de la Provincia. El llamado organizado por el Gobierno de Juan Schiaretti y el gremio UPS parecía un mecanismo de relojería puesto en marcha para facilitar el acceso de dirigentes justicialistas y afiliados a la entidad sindical a esos preciados cargos altos de la administración, pero algún engranaje se trabó justo en el momento crucial: la oficialización de las designaciones. De hecho, los decretos con los nombramientos no se publicaron, pese a que según el cronograma oficial deberían estar firmes desde el viernes de la semana pasada. La ansiedad devora a quienes encabezan cada orden de mérito. Y también a los centenares que esperan los decretos para recurrir a la Justicia. Todo indica que esa amenaza judicial es la que frenó el proceso: el Gobierno ignoró la mayoría de las impugnaciones administrativas, y tiene la certeza de que esos planteos irán a Tribunales. El senador Luis Juez también anticipó denuncias penales contra quienes firmen los decretos. No obstante, la jugada más fuerte fue la de la UCR. Los radicales fueron al Tribunal Superior de Justicia con una acción de inconstitucionalidad que apunta de lleno al único argumento de peso que el Gobierno esgrimió en estos tres meses de polémica: los concursos están previstos por la ley 9.361. El planteo encabezado por el diputado Oscar Aguad sostiene que esa norma sancionada por unanimidad en 2007 es inconstitucional y que los concursos deben suspenderse. Hasta ahora el máximo tribunal no emitió señal alguna.Con todo, lo que hay son sospechas a granel y resultados que invitan a dar por ciertas algunas de las supuestas irregularidades del proceso: el 54 por ciento de los cargos quedó para interinos designados con criterio político por el gobernador y cerca de la mitad de esos mismos funcionarios aportaron a la campaña electoral de Unión por Córdoba. Lo que queda, además, es la evidencia flagrante de la opacidad absoluta que rodea al empleo público. Al punto de que unos concursos sospechados fueron la única ocasión en años en que se discutió sobre empleo provincial, pese a que en la última década ingresaron a la administración y a sus empresas decenas de miles de empleados, para no hablar de lo sucedido en la Municipalidad de Córdoba o en la Justicia Federal.Se produzcan o no las 747 designaciones, los concursos serán historia. Y una vez más seguirá pendiente la discusión de fondo: quién ingresa al Estado, cuánto sabe de lo que deberá hacer y quién lo controla. El debate sigue pendiente en todas las jurisdicciones, sin importar el partido que gobierne. Lo peor del caso es que hoy el Estado es el principal generador de empleo. Y que los transitorios empleadores no tienen la menor intención de cambiar las cosas.