Legisladores proyectan una mejora del 30% en sus dietas para 2011

Después de fracasar en junio –con escándalo incluido– en su intento por ajustar sus salarios en casi un 50 por ciento y ponerlos a tono con otros poderes, especialmente el judicial, los legisladores de Córdoba avanzarían hoy en un proyecto para definir su régimen de remuneraciones para 2011. La idea en discusión contempla armar una escala para todos los funcionarios políticos, desde un empleado raso hasta los legisladores, respetando una proporcionalidad entre los distintos niveles. Según pudo relevar este diario, el incremento proyectado para 2011 sería del orden del 30 por ciento, con un primer anticipo del 10 por ciento que se pagaría ahora, para compensar el retraso que tienen las dietas. La iniciativa se viene analizando sin mayor ruido hace un par de semanas y ayer, durante la reunión de Labor Parlamentaria, se intentó avanzar en un despacho para votar hoy en la última sesión legislativa. En principio, habría entre los legisladores amplio consenso para aprobarla, pero las diferencias aparecen al considerar la oportunidad: algunos quieren avanzar en el tema hoy mismo, y otros proponen dejarlo para febrero.En estrecha vinculación con este tema, la Unicameral también tiene prevé fijar un nuevo estatuto y escala salarial para los empleados, a partir de negociaciones en marcha con el Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba. En este caso también estaría en juego la posibilidad de ampliar el número de agentes que revistan en planta permanente y un sistema de promoción automática para los empleados.Al igual que las dietas de los legisladores, este proyecto referido a los empleados se trataría sólo si avanzan a última hora los consensos entre los diferentes bloques.En 2008 y 2009 los legisladores no recibieron mejoras en sus dietas, mientras que este año sumaron un 10 por ciento en marzo y un 12 por ciento en agosto, a partir de su "enganche" con los empleados.Esa última situación sobrevino como salida provisoria, luego de que los legisladores derogaran la polémica ley de equiparación salarial sancionada durante el último gobierno de José Manuel de la Sota, que en la práctica nunca se aplicó. La norma determinaba que un legislador debía ganar lo mismo que un juez de cámara, pero lo cierto es que entre ambas remuneraciones hay una brecha abismal.Los jueces acumularon en 2010 una suba del 36 por ciento y se beneficiaron además por la equiparación que se les fijó con sus pares de la Justicia Federal. Así, un vocal del Tribunal Superior percibe 27.510 pesos de bolsillo, y no paga Impuesto a las Ganancias.La dietas de los legisladores quedaron envueltas en escándalo en junio, cuando el gobernador Juan Schiaretti –poco antes de irse a Israel– impulsó un aumento de casi el 50 por ciento, que luego quedó sin efecto. Tras ese papelón, los legisladores derogaron la ley de equiparación y ahora buscan tener un régimen propio.