La Cámara de Diputados aprobó cambios clave en el Indec

Buenos Aires. Una de cal y una de arena. La Cámara de Diputados terminó el año legislativo con una victoria y un nuevo fracaso de la oposición, que coronó un ciclo con más malas que buenas. Ayer los diputados opositores lograron aprobar una ley para normalizar el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (Indec) pero como le hicieron algunos cambios a lo que aprobó el Senado hace tres meses, la norma retornará a la Cámara Alta. Por otro lado, la oposición debió retirar del temario de la sesión un emplazamiento al oficialismo para que la Comisión de Presupuesto y Hacienda debata nuevamente el plan de gastos 2011. Como el arco anti-K no tenía los dos tercios del cuerpo, se pidió pasar a otros temas para evitar perder la votación. Así, quedó descartada toda posibilidad de que el Presupuesto del año entrante pueda ser rediscutido y aprobado, y el Gobierno gobernará replicando desde enero el de este año. Con los votos del radicalismo, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, el PRO, el juecismo, el GEN, el socialismo, Proyecto Sur y Nuevo Encuentro (el bloque de Martín Sabbatella, que por primera vez se apartó de las decisiones del oficialismo), la oposición se impuso ampliamente. La norma es muy parecida a la que salió del Senado, puesto que el Indec pasa a ser un órgano descentralizado dentro del Ministerio de Economía, con autarquía financiera. La ley avanza primero en la normalización del Instituto, que está intervenido desde fines de 2006 por el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y para ello crea una Comisión Bicameral que nombrará un nuevo interventor que podrá revisar todo lo que hicieron los laderos de Moreno. Por otro lado, crea un Consejo Federal de Estadísticas y dispone que el director del nuevo Indec –que debería nombrarse en no más de cuatro meses– sea elegido en un concurso por un jurado de especialistas, que elaborará una terna que llegará al Ejecutivo. Luego la Presidenta mandará un pliego al Senado, para que preste acuerdo. Una vez elegidas las autoridades del organismo, la Comisión Bicameral llevará adelante un seguimiento de sus políticas. El principal cambio a lo que había aprobado el Senado fue consensuado por la oposición más dura con la centroizquierda. A pedido de Proyecto Sur se faculta al interventor designado por el Congreso a que tome los empleados que echó "la patota de Moreno" a partir de 2007. El kirchnerismo, casi en soledad, rechazó la medida. Criticó la ley porque le da al Congreso incumbencias en facultades administrativas del Ejecutivo, algo que la Constitución no establece. "Ya dejaron a la presidenta Cristina Fernández sin facultades delegadas, también la dejaron sin Presupuesto y ahora la quieren dejar sin estadísticas", lanzó Agustín Rossi, presidente del bloque K. "Es un milagro", confiaron varios opositores cuando vieron que aprobaron la norma, dado que hasta último momento no tenía asegurado los 129 diputados para tener quórum. Al final, lograron que dos peronistas disidentes se quedaran y aprobaron por 131 votos la ley.