La ingeniería K para bloquear a opositores y ganar las primarias

El kirchnerismo salió a defender uno de los aspectos más controvertidos de la reforma del Consejo de la Magistratura (que el Senado convertirá en ley este miércoles) y se mostró confiado en ganar la batalla judicial que la oposición iniciará en distintos juzgados del país para frenar lo que consideran una “proscripción”.

Se trata del artículo 18, que exige a los partidos políticos que quieran aliarse para proponer una misma lista de candidatos a consejeros de la Magistratura, a hacerlo con un mismo sello partidario en por lo menos 18 de los 24 distritos electorales (provincias) y, sí o sí, junto con la lista de aspirantes a diputados nacionales.

En la práctica, esto dispersará a la oposición, que ante la iniciativa del kirchnerismo de que se elija a los consejeros de la Magistratura mediante voto popular en las próximas elecciones primarias, analizó presentar una lista de consenso para derrotar a la que seguramente propondrá el PJ-Frente para la Victoria, en todo el país. Eso no será posible si no logran acordar el uso de un mismo sello partidario en por lo menos 18 provincias. En efecto, sólo el PJ-Frente para la Victoria, la UCR y alguna otra agrupación opositora podrían cumplir con ese requisito. Por ese motivo, varios partidos provinciales ya están denunciando que la “democratización judicial” derivó en una proscripción electoral.

La defensa oficialista. "Se estableció un elemento ordenador para darle coherencia a una elección que será como la de presidente, tendrá carácter nacional y un distrito único que es todo el país", explicó el diputado nacional Jorge Landau, histórico apoderado del PJ nacional que responde al kirchnerismo.

La votación de los consejeros de la Magistratura le dio la posibilidad al Gobierno nacional de transformar una elección legislativa de medio término en una elección nacional en la que un único padrón elegirá a los representantes de los abogados, jueces y académicos en el organismo que elige y suspende a los magistrados federales.

Para cumplir con su objetivo de nacionalizar los próximos comicios, el kirchnerismo introdujo primero la prohibición de que los candidatos a consejeros se repitan en diferentes listas (listas espejos) y prohibió también que se arme un partido o alianza de partidos para presentar listas sólo para el Consejo; todos deberán presentar listas a diputados nacionales y consejeros.

El martes 23 de abril, un día antes de la polémica sesión de Diputados, el oficialismo incorporó la novedad. El artículo en discusión dice lo siguiente: “A los fines de la adhesión de los cuerpos de boleta de la categoría de consejeros del Consejo de la Magistratura con la de legisladores nacionales en cada distrito, se requiere la comprobación de la existencia de que en al menos 18 de los 24 distritos, la mencionada adhesión se realiza exclusivamente con agrupaciones de idéntica denominación. En el resto de los distritos, podrá adherirse mediando vínculo jurídico entre las categorías de las listas oficializadas. La adhesión de los cuerpos de boleta del resto de las categorías podrá realizarse mediando vínculo jurídico”.

El kirchnerista Landau asegura que “no se va en desmedro de la libertad” de aliarse de los partidos. “Todos podrán presentar listas pero con el mismo nombre en al menos 18 distritos; estamos hablando de la misma denominación, no se les pide los mismos integrantes. Esto es a los efectos de garantizar que haya algún tipo de vínculo jurídico preexistente entre las fuerzas”. Landau señala que como el artículo 4 del proyecto impide alianzas pura y exclusivamente para llevar los mismos candidatos a consejeros (esto favorecería a la oposición), se pusieron más requisitos.

También habló de la limitación del uso de listas colectoras. “Se permiten las listas de adhesión o colectoras pero respetando el criterio de distrito único nacional. Por eso se deja la posibilidad de que en 6 provincias puedan presentarse este tipo de listas y en las 18 restantes se pide coherencia”.

El apoderado del PJ dijo que se recogió la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral que permite la adhesión de boletas pero reclama un vínculo jurídico preexistente. Esta jurisprudencia le da tranquilidad al oficialismo en la inminente batalla judicial.

Textuales

Miguel Pichetto (senador Frente para la Victoria). "Esto no es restrictivo. Es una elección nacional y los partidos nacionales llevarán a los otros. Es una herramienta para terminar con los partidos-quioscos".

Aníbal Fernández (senador Frente para la Victoria). "Con eso, las elecciones no serán un festival. No estamos perjudicando a nadie con que haya cinco o seis alianzas que compitan y encarnen la voluntad popular".

Sonia Escudero (senadora PJ disidente). "Lo más grave es la cuestión electoral porque afecta el juego de alianzas por la particularidad que tiene cada uno de los distritos; esto va en contra de la democratización del Consejo".

Gerardo Morales (senador UCR). "El único frente que puede cumplir con el requisito de tener personería en 18 de los 24 distritos electorales de la Argentina es el Frente para la Victoria, con el sello del PJ nacional".

Rubén Giustiniani (senador FAP). "En Santa Fe, por ejemplo, el FAP no podrá presentar candidatos a consejero porque tiene distinta denominación en ese distrito. En cambio, el kirchnerismo lo haría en los 24 distritos".

Liliana Negre de Alonso (senadora PJ disidente). "Sólo el PJ, la UCR, el socialismo y el PRO, y no lo partidos pequeños, estarían en condiciones de hacer las alianzas necesarias para presentar candidatos a consejeros".

Cautelar en Córdoba

Recurso. El constitucionalista Adonis Molina Herrera, exconcejal de Córdoba por el socialismo y actual dirigente de un partido en formación, presentó el viernes último una acción de inconstitucionalidad contra la ley Nº 26.854 que modificó la norma que regula las medidas cautelares.

Inconstitucional. Según la presentación, que ya analiza el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, la ley cuestionada atropella la tutela efectiva de los derechos de las personas, y privilegia al Estado en perjuicio de los ciudadanos, lo que establece un desequilibrio inaceptable y desconocido en la Constitución.