Gasoductos: para la UCR, peligran por inacción provincial

El gobernador José Manuel de la Sota culpó de manera reiterada a la Nación por obstruir –dado que el Banco Nación “no pone una firma”– el acceso a un crédito millonario para la construcción de los gasoductos troncales que beneficiarían a unas 100 localidades y que deberían haber comenzado en 2010.

El bloque de legisladores de la UCR, en cambio, considera que la responsabilidad en el atraso y la posible pérdida del financiamiento sólo es atribuible a la “inacción provincial” y al hecho de que el Gobierno de Córdoba destinó a otros fines los recursos obtuvo de la colocación del Boncor 2017 y del Boncor 2013.

Según el documento elaborado por Eduardo Yuni, titular del bloque radical, la paralización de la ejecución de los Sistemas Regionales de gasoductos troncales Centro, Sur, Ruta 2, Norte y Este, fue responsabilidad del propio Gobierno de la Provincia de Córdoba, ya que “la operación crediticia de 1.700 millones de pesos con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes) estaba totalmente aprobada a mayo de 2011” por el Banco Nación, el Ministerio de Economía y el Banco Central. Para constatar esos datos, los legisladores opositores solicitaron una audiencia con las máximas autoridades del Banco Nación.

Los radicales adjudican al Gobierno de Córdoba las dilaciones, bajo la hipótesis de que se destinaron a otros fines los recursos que –mediante la colocación de deuda– se obtuvieron en dos oportunidades para afrontar el 25 por ciento del costo de la obra, que no sería financiado por el Bndes.

La semana pasada, el ministro de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo, admitió que el presupuesto de los gasoductos casi se duplicó y se ubicaría en torno a los dos mil millones de pesos. Para aportar el 25 por ciento de ese monto, la Provincia debería disponer de unos 67 millones de dólares.

Los radicales aseguran que Córdoba no está en condiciones de hacer ese desembolso, puesto que sólo reservó 20 millones de dólares de la última emisión de títulos, realizada en julio pasado por 200 millones de dólares.

El documento distribuido por la bancada de la UCR también interroga sobre el destino de los 150 millones de dólares del Boncor 2017, título emitido en noviembre de 2009. “Por ley, esos fondos debían destinarse a la realización de las obras de infraestructura de los gasoductos”, dice el escrito.

“Si el Gobierno no ejecutó las obras en ese momento, no fue por un oscuro impedimento de la Nación, sino por responsabilidad exclusiva del entonces gobernador Juan Schiaretti y del ministro Ángel Elettore, que utilizaron el dinero público con afectación específica para algún otro propósito y relegaron la concreción de la obra”, señala el documento.

También consigna que en noviembre de 2011 la Legislatura declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación numerosas parcelas comprendidas en el Programa de Gasificación de Localidades del Interior, sin que a la fecha se haya informado si las expropiaciones necesarias para el tendido de los gasoductos se concretaron o no.

El bloque radical exige que el ministro Elettore concurra a la Legislatura a explicar el destino de los fondos de los títulos Boncor 2017 y Boncor 2013, y considera que De la Sota disimula con sus acusaciones a la Nación “el flagrante incumplimiento de su gobierno en la ejecución de los gasoductos”.