El fiscal acusó al juez de "apropiarse" de la causa

Buenos Aires. Las diferencias entre el juez federal Claudio Bonadío y el fiscal federal Federico Delgado en torno a la investigación de la tragedia de Once se profundizaron ayer, cuando el segundo volvió a acusar al primero de negarle copias de la instrucción y de "apropiarse" de la causa sobre el tercer accidente ferroviario más grave de la historia argentina, el 22 de febrero pasado, en el que murieron 51 personas y otras 700 resultaron heridas.

Ante la falta de respuesta del juez a un pedido en el mismo sentido que le había presentado el martes pasado, el fiscal volvió a insistir, aunque en esta ocasión con mayor dureza, al señalar que la investigación “sufre una suerte de apropiación del señor juez de instrucción que veda a esta parte el conocimiento de la dinámica del expediente desde el 6 de marzo al menos”.

Según Delgado, Bonadío no respondió a su pedido de poder tener acceso a la causa para fotocopiarla y poder actuar “como custodia de las formas procesales y representante de los intereses de la sociedad”.

En su nota de ayer, el fiscal volvió a pedirle al juez que investigue si TBA (Trenes de Buenos Aires), concesionaria del ex ramal Sarmiento, escenario de la tragedia, desviaba los subsidios estatales.

Según publicó Clarín el último domingo, la Secretaría de Transporte avaló que los subsidios del Banco Nación a TBA fueran recibidos por la financiera Favicor, del grupo Plaza-Cirigliano, controlante de la concesionaria de los ramales ex Sarmiento y ex Mitre que comunican con el oeste y el noroeste del Gran Buenos Aires.

Para determinar ese dato, Delgado le pidió a Bonadío que cite a declarar al flamante secretario de Transporte, Alejandro Ramos, quien la semana pasada ocupó el lugar del renunciante Juan Pablo Schiavi, por orden de la Presidenta.

Bonadío, a su vez, puso un plazo de 30 días para la finalización del peritaje contable que ordenó la semana pasada al jefe de ese cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Chyrikins.

El objetivo de ese peritaje es determinar los subsidios e ingresos por pasajes recibidos por TBA desde 2007 y el destino de esos fondos, entre ellos las inversiones en el servicio. Solicitó, además, que se determine si la asamblea de TBA aprobó el pago de dividendos y honorarios de los integrantes del directorio de la empresa, que preside Claudio Cirigliano, al igual que la identidad de los integrantes del directorio desde 2007.

Hasta ahora, y a 20 días del hecho, se han realizado peritajes técnicos sobre el tren que chocó contra la plataforma de la estación Once, pero se desconocen sus resultados.

Observadores de la investigación sostienen que las actuaciones del juez son renuentes a los pedidos del fiscal de profundizar las pesquisas hacia las posibles responsabilidades de la concesionaria TBA y de los funcionarios nacionales de Transporte, que están bajo la órbita del ministro de Planificación, Julio De Vido.

Hoy, por otra parte, vence el plazo de 15 días de la intervención a TBA ordenada por Cristina Fernández, aunque la medida se prorrogaría al menos, hasta que estén las conclusiones de los peritajes técnicos.

En otra causa relacionada con los subsidios al transporte, la jueza federal María Servini de Cubría citó a declaración indagatoria a 10 ex secretarios de Transporte que actuaron entre 1995 y 2002 por supuestas irregularidades en el control de 35 millones de pesos en subsidios otorgados al empresario Sergio Taselli para el ex ferrocarril Roca. Taselli tuvo la concesión de ese ramal hasta 2007 cuando se lo quitó el gobierno de Néstor Kirchner por “incumplimiento de contrato”.

Las citaciones, a partir del próximo 21 de marzo, son en el marco de una causa en la que Taselli y otros acusados fueron elevados a juicio oral y público el año pasado.