Ese dinero oscuro que goza de impunidad

Jueces, legisladores, representantes de los partidos, funcionarios del Ejecutivo festejaron y se aplaudieron: al proceso electoral del 7 de agosto pasado, con el debut de la boleta única, lo consideraron un éxito, más allá de algunos episodios que aún siguen sin dilucidarse, como la vergonzosa carga de datos. Pero el proceso tuvo su cara más oscura y penosa en algo que la mayoría de los actores se ocuparon de quitarle importancia: el financiamiento de la campaña electoral. Lo planteamos en toda la etapa previa a los comicios y lo reiteramos en una reunión del Copec con legisladores, magistrados y especialistas: la ausencia de controles previos y posteriores del manejo de los millonarios fondos proselitistas constituye una preocupante mancha para el sistema institucional cordobés.El orgullo que sienten los responsables de sancionar y de ejecutar la reforma electoral, con nuevos y avanzados mecanismos como la boleta única, debería tener su faz vergonzante en la nula aplicación de las cuestiones relacionadas con el manejo de fondos de campaña. Lo que se había legislado se suspendió en buena parte; y lo que quedó vigente, pasó a letra muerta.Los partidos principales –en especial la oficialista Unión por Córdoba– no sólo violaron los topes de gastos impuestos por la ley sino que ni siquiera se tomaron el trabajo de presentar balances. Y el Tribunal Electoral sumó una cuota de impunidad al flexibilizar los plazos. Señal de que no habrá la mínima intención de poner luz sobre esos oscuros dineros.La coalición liderada por el justicialismo mentirá cuando presente ese informe, ya que la ley no le permitía gastar más de nueve millones de pesos y se estima que para la campaña de José Manuel de la Sota se pusieron en juego no menos de 40 millones. 40 millones o más que tendrán para todos los cordobeses un origen incierto, plagado de dudas y sospechas. El peronismo nunca informará de dónde salieron. No lo hizo cuando este diario se lo pidió, no lo está haciendo para cumplir con las exigencias legales y, es un prácticamente seguro, que no lo hará cuando complete el requisito.Ningún juez, ni electoral ni penal, molestará a ningún dirigente oficialista. Casi nadie se preguntará cómo obtuvieron ese dinero. De la Sota asumirá, las cosas seguirán como si nada y la plata oscura no tendrá reproches legales ni sociales en Córdoba.