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El traslado de la autoridad

El enésimo intento de traslado de 15 inspectores puso a la Municipalidad de Córdoba al borde de la parálisis. Virginia Guevara.

19 de junio de 2010 a las 12:01 a. m.
El traslado de la autoridad

El enésimo intento de traslado de 15 inspectores puso a la Municipalidad de Córdoba al borde de la parálisis. Otra vez, porque se trata de los mismos 15 inspectores, 13 de Espectáculos Públicos y dos de Protección Humana, que -por sospechas de hechos graves de corrupción que altos funcionarios hicieron públicas- las autoridades municipales intentan mover sin éxito de sus lugares de trabajo desde fines del año pasado. Es obvio: el Suoem se opone.

El caso será material de estudio para quienes traten de dilucidar cómo fue que el segundo municipio del país perdió todo criterio de autoridad sobre esa ciudad aparte que conforman sus 10 mil empleados.

En enero pasado, con base en supuestas sospechas de conductas delictivas, se dispuso una "transferencia transitoria" de los inspectores al área de Control Integral de la Vía Pública. Pero los empleados lograron evitar el pase a través de un recurso de reconsideración que, extrañamente, tuvo un efecto suspensivo.

A mediados de mayo, un decreto del intendente Daniel Giacomino convalidó los traslados que nunca se habían efectivizado y dispuso que continúen por otros 120 días. Eso fue hace un mes, pero los traslados no se consumaron aún: la semana pasada, la presión del Suoem fue tal que los frenó una vez más. El Ejecutivo aceptó una impasse .

Pese a que la sospecha que pesa sobre los inspectores es grave, la única medida a la que atinó el municipio fue el traslado a una función similar, con igual carga horaria, idéntico sueldo y las mismas bonificaciones del cargo anterior.

No hay nada en el estatuto municipal que impida esa medida, que es potestad absoluta del Ejecutivo y formalmente se basa en "razones de servicio". Pero los 15 inspectores no la acatan, con aval gremial y medidas de fuerza de otras áreas en respaldo de esa negativa.

Los 15 inspectores fiscalizaban locales nocturnos. Seis de ellos cargan con imputaciones judiciales -cuatro por presunto cohecho, en una causa de 2004, y dos por coacción- por presuntos hechos cometidos en el desempeño de sus funciones laborales. Aunque parezca mentira, el municipio recién se dio por enterado de este detalle en abril pasado. Hasta ese momento, ni siquiera había ordenado sumarios administrativos.

Falta un detalle importante. Los avatares de los traslados fallidos detonaron en el verano el alejamiento de Guillermo Luque, entonces poderoso secretario de Gobierno, y esta semana pusieron en un tembladeral al subsecretario que -antes y ahora- impulsó los cambios. Los problemas de autoridad casi nunca se originan en los subordinados.