"El sistema previsional va camino al colapso en los próximos 10 años"

El manejo discrecional de los fondos públicos, la mala gestión de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y la falta de transparencia y de rendición de cuentas son, para el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Alejandro Despouy, los problemas más graves del gobierno de Cristina Fernández. Así lo afirmó en diálogo con La Voz del Interior , el viernes pasado, en su visita a Córdoba. –¿Cómo evalúa al segundo gobierno de Cristina en cuánto a transparencia? –Considerablemente peor. La situación que el año pasado nos preocupaba de falta de entrega de información por parte de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), lejos de mejorar, es peor. Y como si fuera poco, lo propusieron (al presidente de la Sigen, Daniel) Reposo, símbolo de la oscuridad y de la prepotencia en el manejo de la información pública como procurador General de la Nación. Gracias a Dios hubo una reacción muy positiva del Congreso que rechazó esa postulación. También tenemos enormes dificultades para acceder a información sobre las transferencias de fondos a provincias y municipios. Ahí, hay una ausencia total de rendición de cuentas. También en el acceso a la información de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y de la información bancaria. –¿Por ejemplo? –Tenemos serias dificultades para auditar el programa Sueños Compartidos y el manejo de los fondos por parte de (Sergio) Schoklender porque el Banco Central nos niega esa información invocando el secreto bancario. Lo mismo nos pasa cuando queremos saber cómo se comporta la Afip con los grandes contribuyentes, si hay un control real o si hay discrecionalidad y arbitrariedad. –¿Y en el caso de la Anses? –Todos los años hacemos auditorías contables de la Anses y detectamos que sólo se registran los beneficios que recibe por las contribuciones, pero no anota las deudas a futuro, con lo que se concibe como una caja corriente cuando en realidad es un organismo previsional. Además, se presta al Gobierno, a tasa muy bajas, dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que se destina a programas estatales, pero también en forma considerable al sector privado. Y se sabe que hay un alto riesgo de que el Estado no lo devuelva y, en caso de que lo haga, siempre será por debajo de la inflación. Lo mismo en el caso de YPF; el Estado saca mil millones de pesos de los fondos de los jubilados para atender el déficit energético millonario que tiene el país, que es el fruto de una desatención y desinversión total en los últimos años. Si se mantiene este esquema, el sistema previsional va camino a un colapso en los próximos 10 años. Los informes de la AGN lo demuestran. –¿Tienen información sobre la imprenta Ciccone? –Nosotros auditamos la Casa de la Moneda y vimos cómo el Estado, en las últimas décadas, fue haciéndola abdicar de su función esencial de fabricar moneda al contratar a terceros para que los hagan. Empezó en la época de Carlos Menem y, ya en 2008-2009, el Estado prácticamente renunció a esa función y confió a los brasileños el 86 por ciento de la fabricación. Entre tanto el Estado le pide la quiebra a Ciccone y después, cuando pudo presentarse, resultaron otros los adjudicatarios. El gobierno fue privatizando la fabricación de moneda a favor de personajes que ahora son cuestionados; fue una política de Estado. Por eso, cuando justificaron la estatización de la imprenta, sorprendió el argumento de recuperar la soberanía monetaria, cuando lo que el Gobierno hizo todos estos años fue justamente traicionarla.

Función de control

Leandro Despouy pertenece a la Unión Cívica Radical y preside la Auditoría General de la Nación desde hace nueve años. De acuerdo con la Constitución Nacional, ese cargo debe ocuparlo una persona que no pertenezca al partido político gobernante y que sea propuesta por el partido de la oposición con mayoría en el Congreso.