El Jury admitió la denuncia contra el espía Santi y le da curso al juicio

El asesor letrado Penal de la Justicia provincial José Luis Santi, quien se desempeñó como Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército durante la dictadura, quedó en manos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Empleados del Poder Judicial (Jury), que ayer resolvió "admitir" la denuncia contra el ex espía. Esto significa que se abre un proceso de pruebas que podría terminar con la destitución del funcionario. El Jury remitirá ahora los antecedentes del asesor letrado al fiscal General de la Provincial, Darío Vezzaro, a fin de que "formule la acusación y ofrezca prueba". Para ello, Vezzaro tiene que expedirse en un plazo de 30 días hábiles.El Juri es integrado por Walter Saieg y Sergio Busso, del oficialismo; Miguel Nicolás, de la UCR; Rodrigo Serna, del juecismo, y Aida Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia.Una fuente del cuerpo confió a este diario que, más allá de los plazos legales y reglamentarios, quieren terminar con el "caso Santi" antes de fin de este año.El Jury le dio curso al juicio en función de la denuncia que presentó el Alto Tribunal de la provincia, en la que acusa al ex PCI de "un obrar reiteradamente omisivo con los deberes de información y conocimiento veraz de sus anteriores tareas como Personal Civil de Inteligencia del Ejército". Esto es que, al asumir como asesor letrado no consignó, como era su deber, sobre su anterior actividad vinculada al espionaje militar. Santi operó como informante del Ejército en el Destacamento de Inteligencia 141 "General Iribarren". Su pasado en tareas dudosas durante la dictadura fue "blanqueado" a partir de una extensa nómina de ex agentes de inteligencia de aquella época que difundió el Ministerio de Defensa meses atrás. Duros cargos. "Esta omisión en la lógica de la doctrina especializada encuadraría en la causal genérica de mal desempeño y, específicamente, en la de mala conducta", refrendó el Tribunal Superior, tras mencionar la "incompatibilidad" de tareas de Santi como dependiente judicial y PCI. Y agregó: "Así, la llamada mala conducta como causal de destitución de un magistrado o funcionario con acuerdo del Parlamento, radica en hechos, actos u omisiones frente a una obligación de obrar en la función". Para el Gremio de Empleados Judiciales, que conduce Irina Santesteban, los antecedentes de Santi son graves y ameritan su destitución del cargo. La propia Santesteban se había planteado qué informes habrá pasado Santi al Ejército en años de dictadura; y se preguntó si "algunos de los que mataron o torturaron no habrán sido 'marcados'" por el PCI en sus reportes a los militares. Este expediente llegó incluso, a la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, quien determinó que no se ha probado que Santi haya cometido delito como espía del Ejército. Esta resolución fue cuestionada por el gremio de judiciales, por entender que la fiscal "se apresuró" en emitir su dictamen. Ahora la suerte del ex agente está en manos del Jury.