El Gobierno culpó a Macri y a la Policía

Buenos Aires. Con críticas al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, el Gobierno nacional resolvió anoche separar de manera preventiva a los responsables del operativo de desalojo de 200 familias en Villa Soldati, que tuvo el trágico saldo de dos muertos. Luego de 24 horas de silencio en la Casa Rosada por el desalojo producido en la noche de ayer, el ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, fue el encargado de brindar anoche una versión oficial.Alak anunció que ordenó separar en forma preventiva a los funcionarios de la Policía Federal que intervinieron en el operativo que produjo la muerte de un joven de 22 años y una mujer de 24 años.Alak, en una declaración leída a la prensa, consideró "gravísimo" e "intolerable" al episodio, al que vinculó con la falta de soluciones habitaciones "por parte del Gobierno porteño" de Mauricio Macri."La ocupación va a seguir", comentó Federico Orchani, representante de los habitantes y miembro del Frente Darío Santillán, pero en respuesta Darío Presti, subsecretario de Justicia de la Ciudad, afirmó que las familias "deben dejar el predio y agruparse".El defensor general porteño, Mario Kestelboim, presentó ante la Justicia un recurso de "no innovar" en la situación que se vive en el Parque Indoamericano, una medida que recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, interinamente a cargo de Andrés Gallardo.Precisamente, Gallardo convocó a ministros del Gabinete porteño y a representantes de las personas sin viviendas que permanecen en el Indoamericano a una reunión que continuaba esta noche, en el Colegio de Abogados, para hallar una solución al conflicto.Durante la tarde de ayer, en un encuentro con funcionarios macristas que se realizó en la Unidad de Gestión e Intervención, en inmediaciones del Parque, las familias reclamaron permanecer en el predio hasta obtener una solución habitacional, exigieron poner fin a la represión, que la Policía Metropolitana abandone la zona y el gobierno porteño los provea de agua, alimentos y puestos sanitarios.El encuentro se realizó a pocos metros del predio que volvió a ser ocupado ayer al mediodía, luego de un violento desalojo que, según los vecinos y dirigentes políticos, provocó la muerte de Bernardo Salgueiro, oriundo de Paraguay, y Rosemary Puña, nacida en Bolivia, ambos heridos de bala.Los habitantes denunciaron que las víctimas fatales fueron "fusiladas" por la Policía, pero tanto los voceros de la Federal y la Metropolitana afirmaron que los agentes utilizaron balas de goma para reprimir el rechazo al desalojo. Inclusive, fuentes vinculadas a la investigación policial de los hechos dijeron que las pericias realizadas a los cuerpos de Salgueiro y Puña determinaron que fueron heridos con armas "tumberas", de elaboración casera. Hipótesis. El Gobierno nacional, en la voz de Alak, señaló que no descartaba "ninguna hipótesis" acerca de las muertes, y puso a disposición del fiscal Sandro Abraldes y el juez Eliseo Otero "la estructura" del ministerio para esclarecer el hecho, que relación con "la ausencia de soluciones por parte" de la Ciudad. Pese a la acusación, la diputada nacional Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara legislativa, responsabilizó a los gobiernos nacional y porteño por las muertes y la represión. "Tanto la policía de (el jefe de Gabinete de la Nación), Aníbal Fernández, como la de (el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Guillermo) Montenegro se han manejado coordinadamente en este operativo por orden de sus conducciones políticas", comentó Donda, del bloque Libres del Sur.