El final los encuentra siempre con ganas de gastar

Es habitual. Los gobiernos suelen cubrir su retirada a puro gasto, en las más diferentes formas. Designaciones masivas de personal, erogaciones injustificadas, obras no prioritarias, entre otros. Algunos de esos gastos de despedida se transforman en símbolos. Juan Schiaretti ya parece tener el suyo: la nunca bien justificada operación de doble mudanza y alquileres millonarios para el traslado de la sede del Ejecutivo provincial.Para intentar acallar la polémica que genera ese cuestionado movimiento de fondos, el Gobierno provincial hace todo de atropellada, con mucha improvisación y escasos controles. La imagen de la topadora llevándose todo puesto sin discriminar si hay elementos reciclables es buen reflejo de esa premura no fundada.El Parque Las Tejas, que Schiaretti sacó de la galera después de haber prometido que el destino de la ahora ex Casa de las Tejas lo definiría su sucesor, es un muestrario de las cosas hechas de apuro, sin planificación y con la única motivación de lograr un mejor posicionamiento electoral.Es, además, un nuevo elemento que demuestra la tendencia de las administraciones públicas a buscar mecanismos que eviten las revisiones de sus gastos.En el Parque Las Tejas, el Gobierno encontró la manera de saltear dos instancias fijadas por ley para las erogaciones públicas: la licitación y la revisión de lo gastado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.El gobernador anunció que serán las cámaras de Turismo, de Comercio y de Desarrollistas Urbanos las que ejecutarán las obras del paseo. No obstante, los fondos necesarios serán puestos por el Estado.Con esa decisión, pasos administrativos regulados por ley son evitados, como licitación pública, revisión de gastos y cumplimiento de los requisitos para ser proveedor del Estado, entre otras cuestiones.Los representantes de esas cámaras aseguran que harán una minuciosa auditoría de lo que se invierta. Y no hay razones para dudarlo. Pero, más allá de la transparencia con que se manejen, la discusión pasa por la acción gubernamental de no cumplir con los requisitos administrativos exigidos por las normas, cuando no hay urgencias que justifiquen un mecanismo alternativo.Éstas y otras entidades empresarias, como lo hacemos otros actores sociales, reclaman y reclamamos permanentemente reglas de juego claras, junto con la exigencia de que el Estado cumpla con todas sus obligaciones. Y una obligación es gastar los dineros públicos de acuerdo a ciertos procedimientos.Por eso, el compromiso social debería ser mantener aquella frase "dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada" y no cambiarla por "dentro de la ley, todo; fuera de la ley, lo que nos convenga".