Dos licitaciones que pueden definir mucho más que negocios

El servicio público que en la actualidad más impacta en la vida de cualquier ciudad es el transporte masivo. Tal vez el segundo en importancia sea el manejo de la basura. Ambos inciden de manera directa en la calidad de vida y el ambiente; además son las prestaciones más costosas que los municipios deben regular (y pagar, en caso de la basura), y garantizan facturaciones millonarias para sus prestadores. Por si fuera poco, se trata de concesiones de una década, por lo que condicionan a varias gestiones políticas. El intendente Ramón Mestre planea redefinir y avanzar en la licitación internacional de esos dos servicios estratégicos de la ciudad de Córdoba en el lapso de este año. Los radicales dicen que aspiran a consensuar con las otras fuerzas políticas los lineamientos de ambos servicios antes de 2013, cuando habrá elecciones legislativas, y por lo tanto estará vedada toda posibilidad de acuerdo. Como casi siempre, el tamaño de la oportunidad es tan grande como el riesgo. Córdoba, en la última década, constató lo que supone el fracaso de esos procesos licitatorios: el transporte que hoy padecen más de 300 mil pasajeros es la consecuencia del total rechazo al sistema que quiso instaurar Germán Kammerath y de la crisis económica que lo terminó de sepultar. De eso nació Tamse, que sigue perdiendo casi 10 millones de pesos por mes y que desaparecerá en el transcurso de la futura licitación. La historia reciente de la higiene urbana no es muy diferente. El actual servicio de recolección y tratamiento de la basura surgió de otro fracaso: la licitación que hizo Daniel Giacomino sucumbió por la cartelización de las empresas, y entonces nació Crese, ahora en pleno proceso de desarticulación. Lo que les quedará a los cordobeses es una deuda de más de 200 millones de pesos, y la responsabilidad –también millonaria– de remediar los dos predios de enterramiento sanitario que Crese dejó en el camino: el de Bouwer y el de Piedras Blancas, hoy en uso de manera provisoria. Los servicios de recolección y barrido de Crese ya tuvieron un polémico pase de manos a las subcontratistas Lusa y Cotreco hasta diciembre de 2013. La actividad residual de la empresa municipal como operadora del enterramiento sanitario en poco tiempo pasará a manos de un Ente Intercomunal que está en formación y que puede representar un cambio sustancial si las cosas resultan como se proponen: 19 intendentes del Gran Córdoba aceptaron que ya no puede haber basurales a cielo abierto ni enterramientos eternos, y buscan mecanismos más sustentables para el tratamiento de la basura. No es poco. Será la primera experiencia conjunta de política pública del área metropolitana y es alentada por la Provincia, que aportará las tierras para el nuevo predio regional de tratamiento de los residuos. La semana pasada el municipio dio otro paso importante: envió al Concejo el Marco Regulatorio del transporte masivo, es decir, la idea que regirá la licitación que se hará en pocos meses. Lo más sustancial de esa norma es la decisión de privilegiar la circulación del transporte público, algo que en Córdoba nunca pasó de declaraciones de ocasión. Esta vez el municipio avanza en un plan que prevé que una de cada cuatro calles céntricas estarán cerradas al tránsito particular: será tan complicado llegar en auto que habrá que ir en colectivo. Eso ocurre en centenares de ciudades en el mundo. Es obvio que una norma puede cambiar conductas cuando un Estado se lo propone, y también está probado que un sistema de transporte puede transformar la realidad urbana si a la decisión política se le suma la pericia técnica. Todo puede acabar también en la simple adjudicación de un gran negocio que no cambie nada. Nada obliga a que las cosas sean siempre así.