Detienen a uno de los primeros piqueteros del país

El dirigente social y ex operario de YPF, José "Pepino" Fernández, uno de los iniciadores a nivel nacional del movimiento piquetero, quedó detenido al presentarse a declarar espontáneamente ante el juez de Instrucción, Nelso Aramayo.Fuentes del caso informaron que el jefe de la Unión de Trabajadores Desempleados se presentó anoche espontáneamente ante ante la promesa de que no quedaría detenido. Sin embargo, el juez Aramayo dispuso su detención y lo acusó de los delitos de "privación ilegítima de la libertad" y "resistencia a la autoridad" durante un corte de ruta producido el 19 de este mes, que fue duramente reprimido por la policía provincial.Ese día unos cien manifestantes que cortaban la ruta en reclamo de puestos de trabajo y otras reinvindicaciones recibieron disparos de gases lacrimógenos y balas de goma, e incluso hubo persecución de los manifestantes por las calles aledañas.Durante la medida de fuerza, los "piqueteros" habían interrumpido el paso de operarios y maquinarias de la empresa Contreras, que realiza trabajos en un gasoducto de la zona. Tras el desalojo, los manifestantes se reagruparon y lograron reinstalarse en la ruta con el apoyo de varios centenares de pobladores, que repudiaron la represión policial. La ruta fue despejada recién varias horas después, cuando se supo el paradero de Fernández.El juez Aramayo dejó detenido al dirigente por los delitos imputados en otras causas similares en las cuales no se había presentado a declarar. En un comunicado, la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi (UTD) expresó su malestar por la decisión judicial y la política de "tolerancia cero", que según afirmó "aplica el gobernador Juan Manuel Urtubey con los reclamos sociales". En ese sentido, la UTD manifestó que "después de la represión, gases y balas de goma, le siguen la cárcel para los que reclaman por trabajo para nuestro pueblo".Al mismo tiempo, se preguntó "si este juez o algún otro reprime y encarcela a los gerentes de las empresas que no cumplen con los convenios firmados de buena voluntad ante escribano publico para lograr la paz social y, por lo contrario, en actos desleales incumplen con lo convenido engañando la buena fe de los desocupados, obviamente con la complicidad de los poderes públicos de turno".