La defensa, una instancia que no contempla el proyecto antidrogas de De la Sota

El proyecto del gobernador José Manuel de la Sota para combatir el narcotráfico a pequeña escala en la Provincia contempla la creación de tres fiscalías y un juzgado de Control, pero nada dice de nuevas asesorías letradas que vayan a defender el aluvión de nuevos imputados sin recursos para abogados particulares.

Es otro de los datos que genera incertidumbre en el Poder Judicial en la iniciativa del Gobierno por el cual Córdoba se haría cargo de las causas de venta minorista de droga, todo lo que es comercio y entrega directa al comercio al menudeo. También, tenencia y cultivo para consumo y falsificación de recetas médicas.

El proyecto de De la Sota contempla sólo la creación de tres Fiscalías de Instrucción y un Juzgado de Control, que ratifique o no las actuaciones de los fiscales (ver Proyecto en PDF).

Mientras tanto, hasta que se cree ese fuero específico, todo quedará en manos de tres Fiscalías del Distrito I de Córdoba capital (la de Enrique Gavier, Alejandro Moyano y Rubén Caro) y el Juzgado de Control Nº6 de Agustín Spina Gómez; en el interior provincial no habrá nuevas dependencias: las causas se acumularán en las actuales fiscalías (ver Los tres fiscales y el juez... y Con más reservas que apoyos).

En el ámbito de la Justicia Federal, en la actualidad, actúa una Defensoría Oficial para los acusados que no pueden costear abogados particulares. En la Provincia, existe un cuerpo de asesores letrados que dependen del Tribunal Superior de Justicia  y que en el caso de causas penales no tienen ninguna formación en materia de narcotráfico.

Sin detalles. "La carga para nosotros es muy alta. No sabemos cómo se materializará este proyecto, pero no está prevista una asesoría para defender los derechos de quienes por su situación no pueden acceder a un abogado", dice a La Voz José Lascano, asesor letrado en Tribunales II.

Al día de hoy, en el fuero penal hay dos asesores para víctimas del delito, dos para penados y el resto del equipo, una docena, para la defensa de imputados. En la actualidad hay un concurso vigente para un nuevo asesor.

“Esperamos la creación de una asesoría, para que el ejercicio de defensa no sea algo ilusorio”, sostiene Lascano.

Críticas. Desde la Justicia Federal, la defensora oficial Mercedes Crespi ve con malos ojos el traspaso porque, sostiene "claramente sólo apunta a perseguir más la venta al menudeo, despreciando que por cada vendedor que se encarcela al día siguiente ya fue suplantado por otro; si verdaderamente quieren luchar contra el narcotráfico, esta no es la vía".

Además cuestiona que Córdoba no tenga un sistema de defensa público que no sea independiente (en este caso depende del TJS). “Esto va en contra de la resolución de la OEA de junio del año pasado que recomienda a cada estado establecer un sistema independiente. Agrandar la justicia con más jueces y fiscales no hace más que agravar esta cuestión”.

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