De patas muy cortas
Giacomino intentó una consulta popular y luego exigió la aprobación de una ordenanza que le impone un límite en el gasto salarial. Virginia Guevara.
La ordenanza de tope salarial se aprobó el 12 de noviembre pasado a pedido del propio Daniel Giacomino. Eran los arduos días del conflicto gremial más severo que enfrentó el municipio en las últimas décadas y el intendente unos meses antes ya había intentado una fallida consulta popular para que los cordobeses expresaran si estaban de acuerdo con un límite al gasto salarial.
Lo increíble del caso es que después de semejante planteo político sobre los recursos públicos –el Suoem irrumpió en el Concejo con destrozos el día en que se trató la ordenanza– y a un mes del fin del ejercicio contable, el intendente no haya calculado que no podría dar cumplimiento al objetivo del 60 por ciento que se estaba autoimponiendo.
Todo indica que a esa imposibilidad respondió unos meses después la decisión de acomodar los números de modo tal que los sueldos de diciembre de 2009 formaran parte de la cuenta de enero de 2010.
El tema seguramente abrirá una batalla política en el Concejo Deliberante que votó el tope salarial. Pese a que la ordenanza no menciona qué consecuencias tiene el incumplimiento del límite al gasto salarial, en el juecismo ya se analiza la posibilidad de una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario.
Pero el tema no se limita al pasado, porque la ordenanza también prevé que este año el tope salarial debe ser más restrictivo: no podrá ir a sueldos más del 55 por ciento de los ingresos totales, descontados los créditos, los ATN y los recursos no reintegrables para obras. Para 2011, la cifra baja al 50 por ciento.
El tema cobra relevancia en estos días, cuando el Ejecutivo negocia un nuevo incremento salarial con los municipales. Mientras la ordenanza no sea derogada, ese tope debe ser observado por el Ejecutivo. Y también por los ediles, que son quienes aprobaron el tope y quienes deben aprobar también cada aumento.
