Los datos que los candidatos tienen poco interés en mostrar

Dieciocho años, una veintena de elecciones para cargos nacionales, provinciales y municipales en la ciudad de Córdoba, un reclamo renovado e incesante de organizaciones sociales y de los ciudadanos por mayor transparencia, cataratas de discursos sobre la honestidad en la función pública, legislación corregida y aumentada.

Ha pasado todo eso y mucho más desde que La Voz del Interior empezó, en 1993, a pedir en cada campaña electoral la declaración de bienes de los principales candidatos.

Ha pasado todo eso y los candidatos siguen retaceando, y en algunos casos negando, la información que solicita este diario, que apunta a que los ciudadanos tengan un elemento más de valoración y conocimiento de los postulantes antes de decidir su voto.

Con la gravedad de que las mayores omisiones y renuencias a contestar el formulario confeccionado por este diario provienen del oficialismo; es decir, de la fuerza política encargada de administrar los recursos públicos de Córdoba desde hace 12 años.

Como ha sido expuesto en las anteriores páginas de este suplemento especial sobre el patrimonio de los candidatos, ninguno de los postulantes de Unión por Córdoba respondió al cuestionario enviado por este diario. Como antecedente, el postulante oficialista José Manuel de la Sota no respondió, cuando se lo requirió hace un par de años, los pedidos de este diario para que suministrase la declaración de bienes oficial que presentó al dejar el cargo en diciembre de 2007.

Esta vez, De la Sota actualizó un formulario que había remitido en 2009 a Poder Ciudadano, de lo que se desprende un importante incremento patrimonial a partir de su actuación en la Cámara Argentina-Brasileña, con sede en San Pablo.

Sorprende, y mucho, que la coalición gobernante en la Provincia no informe sobre ítems pedidos por este diario, como origen de los ingresos y evolución de bienes en los últimos cinco años, identificación tributaria, novedades patrimoniales de importancia, forma de adquisición de los bienes, obsequios recibidos, valuación de las propiedades, entre otros, ya que son elementos que permiten al ciudadano tener ciertos datos sobre cómo se administran los recursos públicos.

Es más, importantes funcionarios del Gobierno provincial, que vienen ocupando cargos de anteriores administraciones, ni siquiera mandaron la copia del formulario que deben tener cargado en el sitio oficial, sino que remitieron una sintética planilla.

Resistencia. Los pedidos de declaración de bienes generan molestias en todos los candidatos, pero cuanto más tiempo en el poder permanecen o han permanecido, parece haber mayor resistencia a responder.

El resto de las fuerzas políticas, salvo honrosas excepciones de algunas que tienen escasas posibilidades de acceder a los cargos en disputa, se comportó como lo ha hecho en anteriores ocasiones.

Gestos de cierta incomodidad de sus responsables de campaña, demoras en el envío de la información solicitada, respuestas escuetas, falta de detalle en aspectos en los que se piden precisiones de manera expresa, como el caso de la manera en que fueron adquiridos los bienes.

En todos los casos, se repiten ciertas pautas de comportamiento, como mostrar la menor cantidad de patrimonio posible, como si la escasez fuese un mérito en sí mismo. Así como es condenable que un candidato tenga un patrimonio desproporcionadamente mayor a los ingresos obtenidos en sus diversas actividades públicas y privadas, es un elemento a tener en cuenta que sus bienes sean exiguos en función de los fondos que le entraron.

Las falencias en administrar lo propio pueden ser un indicador de cómo se comportaron en la administración de lo público.

No sirve aislada. Las declaraciones juradas de bienes, tanto aquéllas a las que están obligados los funcionarios a presentar por ley como las que solicitan ONG o la prensa, no son en sí mismas garantías de transparencia y ejercicio honesto de la administración de los dineros públicos.

Son apenas un instrumento, que encuentra su real valor en la medida que las presentaciones sean exhaustivas, se haga un seguimiento periódico y estén al acceso de los ciudadanos, sin trámites engorrosos ni autorizaciones legales.

Si cualquier ciudadano quisiera conocer detalles de los bienes de determinado funcionario o legislador, se lo remitiría al formulario colgado en el sitio oficial, en el que no podría encontrar elementos precisos para identificar la evolución patrimonial.

Para que tuviese la presentación completa, el trámite le podría llevar largos meses, con muy pocas posibilidades de obtenerlo.

Es necesario repetir y remarcar que el dinero malhabido, producto de hechos ilegales, deja pocas huellas. Es muy poco probable que alguien declare bienes obtenidos con fondos sucios.

Pero una correcta ponderación de una declaración de bienes amplia y respondida en profundidad permitiría a ciudadanos, magistrados y organismos que velan por la transparencia de la función pública una adecuada ponderación de ciertos comportamientos de los candidatos, primero, y los funcionarios, después.

Elementos básicos como la relación de ingresos declarados con los gastos mensuales y el capital invertido deberían estar al alcance de cualquier ciudadano.

Ocultos. Como viene ocurriendo en  todas las campañas, hay varios puntos del cuestionario  que envía este diario que tienen respuestas muy escuetas  o directamente no son respondidos.

Por caso, el apartado en que se solicita la manera en que se adquirieron los bienes, pese a que hay un expreso pedido de que esa contestación sea lo más detallada posible.

“Herencia”, “ahorro”, “recursos propios”, son las palabras que más se repiten y que impiden a nuestros lectores conocer en profundidad cómo hicieron los candidatos para tener lo que tienen.

Avances. Así y todo, es para destacar que en esta campaña son muy escasos los competidores electorales que no presentan su informe de bienes.

Las casi dos décadas de insistir con este pedido parecen haber surtido algún efecto.

Su difusión pretende dar al ciudadano elementos que no figuran en las costosas campañas publicitarias de los partidos y la elaboración de una base de datos como para ir  cotejando lo que declara un dirigente cuando es candidato con lo que hace cuando asume un cargo.

Revisar estas declaraciones patrimoniales tal vez no arroje la noción de si un candidato es honesto o deshonesto, pero sí puede servir como una aproximación para determinar si es sincero o mentiroso. Y ése ya es un dato a considerar a la hora de emitir el sufragio.