Cuando parar es un negocio redondo

Los empleados de la Municipalidad de Córdoba y los choferes del transporte urbano –que también dirigen sus protestas al Palacio 6 de Julio– son los más combativos de la provincia. Los que más a menudo perjudican a los vecinos en defensa de sus salarios y sus fuentes de trabajo. Y los que más pretenden incidir, y lo hacen, en las decisiones gubernamentales.

Se sabe que el poder de fuego de ambos gremios es enorme, sólo comparable al de Luz y Fuerza: pueden enloquecer a cientos de miles de cordobeses con sus cortes de servicio, y a menudo también logran atemorizarlos con acciones violentas.

Lo más paradójico es que todo eso supone un negocio redondo para ellos. Les sale gratis y les deja premio: consiguen con eso los aumentos de sueldo que luego pagan todos los cordobeses con la futura suba de tarifa o el siguiente impuestazo.

Como también pagan los vecinos, una y otra vez, los vidrios del Palacio 6 de Julio rotos a pedradas y el mobiliario destruido por los consabidos “desbordes” gremiales.

De tan viejo, el mecanismo que siempre termina beneficiándolos es sistemático: comienza con asambleas; hay un pico de presión gremial que suele incluir manifestaciones violentas; sigue una negociación donde siempre obtienen lo que pretenden –en esa etapa el Ministerio de Trabajo no interviene en el caso del Suoem y es cada vez más ignorado por la UTA– y luego viene una amnistía que libera a los gremios de culpa y cargo.

No pagan los destrozos, muy rara vez sufren consecuencias judiciales y menos aún son las veces que se aplican descuentos salariales por las jornadas de paro o las semanas de asambleas.

En este último punto se encuentran hoy la UTA y algunas áreas del Suoem: amenazan con nuevas medidas de fuerza si les descuentan los días o las horas no trabajadas.

En el caso del Suoem, la situación se da en los centros de Participación Comunitaria (CPC) y las áreas operativas y de inspección de tránsito.

Realizaron largas asambleas durante varios días por deudas salariales, recortes de horas extras y falta de insumos, y el intendente Ramón Mestre anunció que les descontarían las horas no trabajadas. El gremio dice que no aceptará esos descuentos, y además sostiene que –pese a los anuncios– en la práctica esos débitos no se aplican. O se compensan luego.

Lo de UTA es diferente. Los choferes violaron una conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Provincia con un paro por 60 horas que fue declarado ilegal, aunque aún no se conoce que el gremio haya recibido sanciones por eso.

Ahora pretenden que ese mismo Ministerio determine que las jornadas de paro –que fueron descontadas– deben ser devueltas. La suma en juego supera 1,5 millón de pesos en abril y sería similar en mayo. En Tamse, la empresa municipal de transporte, los descuentos llegaron el mes pasado a tres mil pesos por chofer.

Parece obvio que Trabajo ratificará esos descuentos, con el mismo criterio que aplica en todas las empresas del sector privado. Pero no lo es: en 2012, UTA ya propinó tres días de paro en medio de una conciliación, no sufrió sanciones de ningún tipo y tuvo premio: el municipio pagó el aumento que exigían los choferes y Trabajo determinó que no debían descontarse las jornadas de paro. ¿Cómo no lo iban a hacer otra vez?