Cristina firmó el decreto de la querella

La presidenta Cristina Fernández firmó hoy el decreto para que la Justicia de Concepción del Uruguay admita al Gobierno como querellante contra los asambleístas de Gualeguaychú y se pueda proceder al desalojo del corte en el puente que comunica con Uruguay.

Con este decreto, la mandataria habilitó al Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, para que haga la presentación correspondiente ante el juez federal subrogante Gustavo Pimentel.

En Uruguay, se mantiene la cautela del gabinete del presidente José Mujica, quien dijo que espera "sentado" la resolución del conflicto, que "se arregla solo, por inercia, la política está jugada hace tiempo, lo que pasa son las consecuencias".

"Yo ya jugué lo que tenía que jugar, ahora espero sentado", dijo Mujica a la revista Búsqueda, de Montevideo.Después del anuncio que realizó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobre la decisión del Ejecutivo de querellar a los ambientalistas entrerrianos, la Justicia requirió la firma de un decreto presidencial para poder admitirlo como denunciante.

Ante el pedido del juez Pimentel, el ministro de Justicia, Julio Alak, anunció que antes del lunes se concretaría la firma y la Presidenta lo hizo esta tarde en la Casa de Gobierno.

Alak volvió a cuestionar la "actitud cerril" de quienes mantienen el corte de tránsito en el enlace con la localidad uruguaya de Fray Bentos, en repudio a la pastera UPM (ex Botnia), y los llamó a "reaccionar rápidamente" porque, consideró, "ya no quedan excusas para mantener cortado un puente que nos une a un país hermano".

En coincidencia con Aníbal Fernández, lamentó el "capricho" de los asambleístas de mantener bloqueado el paso internacional y ratificó la decisión de la Casa Rosada de "no ir con palos, sino con la ley. La ley es más fuerte -subrayó- que cualquier represión".

Por esas declaraciones de los dos miembros del gabinete, el abogado de la asamblea de Gualeguaychú, Luis Leisa, reclamó hoy "mesura y racionalidad" al Gobierno y juzgó como una "medida sin sentido y absolutamente irracional" la iniciativa de una querella.

Alak manifestó que el piquete en el puente General San Martín, en la ruta internacional 136, "también afecta a 40 millones de argentinos que no pueden transitar libremente".

El miércoles, el Gobierno anunció que se presentaría como querellante de los activistas que realizan el corte desde noviembre de 2006, por impedir el "normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar".

Alak insistió en que "es importante hacer un llamamiento para que se levante el corte", debido a que "esta cuestión está jurídicamente terminada".

Además, advirtió que al no aceptar el levantamiento de la protesta, la Asamblea "está generando la imposibilidad del control ambiental" a la papelera.

Al planteársele que el juez Pimentel está pidiendo al Gobierno un instrumento legal, como un decreto, dijo: "Es un trámite absolutamente formal, insustancial; es como si un abogado presenta un escrito y luego acompaña el poder de su cliente".

"No se puede permanecer cortando más el puente a partir del fallo de la Corte Internacional de La Haya", repitió y señaló que los manifestantes "pueden seguir expresando su rechazo a Botnia con otros métodos: se pueden movilizar, hacer actos, peticiones judiciales o controles del funcionamiento" de la papelera.

No obstante, hoy manifestaron su respaldo a la asamblea el diputado de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas, que reiteró su "firme solidaridad con toda la comunidad de Gualeguaychú" y el ruralista entrerriano Alfredo De Angeli, que denunció una "persecución política" a los que llevan adelante el reclamo.