Confusión y misterio en oficinas alquiladas

La improvisación con la que se está trasladando la sede del Gobierno provincial queda reflejada en el desconcierto que hay en empleados, proveedores y personas que deben hacer trámites en las dependencias mudadas. Mientras, el Ejecutivo renovó la orden de vedar el acceso a los medios a las reparticiones públicas que ahora alquilan inmuebles."No, no hay atención al público", dijo un guardia de seguridad. "Si conoce al funcionario que está buscando por el trámite llámelo a su celular. Acá no se puede hacer nada", recomendó un muchacho parado al lado de la mesa de entradas del lugar donde deberían funcionar dependencias del Ministerio de Educación.La escena transcurrió ayer entre las 9.30 y las 10 en el edificio de seis pisos de Nores Martínez al 2700, que –pese a que está en obras– fue alquilado por 114.600 pesos mensuales. Público, pero prohibido. Nos acercamos para consultar sobre la realización de un trámite. Al momento de identificarnos como periodistas, el guardia –que tan amablemente nos había atendido–, nos advirtió que el acceso estaba prohibido para la prensa y el público en general, por lo que nos invitó a abandonar el edificio en construcción, que ya tiene algunas áreas trabajando.Minutos más tarde, llegó un policía, al que se le acercó el encargado de seguridad para mantener una charla. El uniformado se quedó en la vereda, a pocos metros del auto del diario, hasta que nos retiramos.En el medio, llegó un hombre que dijo ser contratista. Le informaron que no podía realizar ningún trámite, y aseguró que si daba testimonio se le iba "a complicar más" el resto del proceso que debía hacer en otros ámbitos de la administración pública. El personal subía y bajaba constantemente de sus oficinas por los arreglos; y evitaron hacer declaraciones públicas. Dijeron tener temor.Cerca de las 11 de la mañana llegó Roberto Morón, delegado gremial del SEP, para realizar una inspección ocular, a fin de verificar las condiciones laborales. Subió, bajó y nos relató lo que había visto."El edificio no está en condiciones para trabajar, no reúne las mínimas normas de seguridad, en el marco de la Ley de Seguridad e Higiene", denunció el gremialista.Morón expresó preocupación por los trabajadores que son contratados y monotributistas. Afirmó que había acordado una tregua hasta hoy con el secretario privado del ministro de Educación Walter Grahovac, que no se cumplió.Según los testimonios relevados, las falencias que fue presentando la obra en diferentes días son falta de agua en los sanitarios, cortes de energía, carencias de aire acondicionado en un edificio vidriado y cableado por el suelo.Este diario pudo observar a un obrero trabajando en el hall principal con una amoladora y un cable tirado en la vereda con un cerco de protección que, según señalaron los obreros, habría caído con la tormenta que azotó la zona el lunes.A las 17, la Provincia respondió mediante un comunicado en el que informó que las oficinas de ese edificio "funcionarán desde los primeros días de febrero". Aún no se hizo público el contrato realizado con la empresa.De acuerdo con los datos enviados, se trasladarán en la fecha señalada: el Ministerio de Gobierno (hasta ahora el despacho del ministro Carlos Caserio y el área central funciona normalmente en la Casa de Gobierno); Ministerio de Educación (excepto las áreas descentralizadas); Secretaría de la Función Pública, Secretaría General y Escribanía General de Gobierno (los titulares de estas áreas siguen en lo queda de la Casa de las Tejas). Más restricciones. Tras el paso por el edificio anterior nos dirigimos a lo que queda de la Casa de las Tejas, donde tampoco pudimos ingresar debido a los trabajos de demolición. La recorrida siguió y desembocamos en el edificio de bulevar Chacabuco 737, allí también nos negaron el acceso. Una recepcionista informó, desde el ingreso, que las tramitaciones se realizan de 8 a 12, de lunes a viernes.