Con cambios mínimos, los K reúnen sus votos
La Corte Suprema seguirá administrando los recursos de la Justicia. La oposición cuestionó al presidente del máximo tribunal.
Buenos Aires. La decisión que tomó la presidenta Cristina Kirchner de aceptar los pedidos que le hizo el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti –a instancias de un grupo de camaristas nacionales– de modificar dos de los seis proyectos de reforma judicial, aportó más tensión a la sesión de hoy de la Cámara Baja, donde las iniciativas más polémicas serán puestas a votación.
Ayer, en las comisiones de Diputados y de Senadores el oficialismo volvió sobre sus pasos en su intención de sacarle a la Corte el poder de administración de todo el Poder Judicial para dárselo al Consejo de la Magistratura (órgano político que pasará a estar controlado por el partido que gane las elecciones). Esto llevó a legisladores de la oposición a señalar un “pacto” o “negociado” entre el Ejecutivo y la Corte.
El jueves 18 un grupo de camaristas nucleados en la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales pusieron al tanto a Lorenzetti de que si se aprueba el paquete de leyes tal como las redactó el Ejecutivo se iba a producir una “verdadera paralización de la Justicia”.
Es por eso que un día después, el viernes 19, Lorenzetti y la vice de la Corte, Elena Highton de Nolasco, reenviaron la carta de los camaristas al titular de la Cámara Baja, Julián Domínguez. Ayer, el mismo Domínguez explicó ante el plenario de comisiones que dio dictamen a todos los proyectos que se harían cambios.
Fue el secretario de Justicia, Julián Álvarez, quien explicó que como la Corte tiene la última palabra en cuanto al control de constitucionalidad, el Gobierno decidió aceptar las recomendaciones a fin de evitar que el proyecto del Consejo de la Magistratura –que tiene media sanción del Senado– y el que fomenta el ingreso igualitario a la carrera de agente judicial –que tiene media sanción de Diputados– sean anulados.
El primero deberá ser corregido en la sesión de hoy de Diputados y el segundo será modificado la semana entrante por el Senado; ambos deberán regresar a sus respectivas cámaras de origen.
Los camaristas, representados por el titular de la Junta de Presidentes de Cámaras, Gustavo Hornos, se quejaron porque el proyecto del Ejecutivo iba a fijar la política salarial, a disponer la asignación de contratos a tribunales que lo requieran, a designar magistrados subrogantes y a ejecutar el Presupuesto del Poder Judicial.
Algo que a su entender requiere de decisiones rápidas que puede tomar la Corte, pero no un órgano colegiado como el Consejo, que tendrá 19 miembros. Además, reclamaron que los jueces puedan nombrar sus asistentes directos, por lo cual el Senado modificará la ley de acceso laboral a la Justicia.
La decisión de aceptar estas modificaciones fue comunicada el lunes por la noche por la propia Presidenta a Domínguez y las autoridades del bloque K.
Pero, la Corte se abstuvo de opinar sobre la esencia del proyecto que reforma la Magistratura que propone llevar de 13 a 19 la cantidad de consejeros; elegir los representantes de los abogados, jueces y académicos por voto popular (los candidatos irán en la mismas boletas que el resto de los cargos electivos) y flexibilizar las mayorías necesarias para designar y suspender a un magistrado.
El kirchnerismo no aceptó los cambios propuestos por la oposición a estos aspectos medulares pero agregó una novedad a instancia también de la Casa Rosada para que quienes lleven listas a consejeros junto a legisladores nacionales, deban usar la misma denominación para el partido o la alianza en 18 de los 24 distritos. Esto favorece a las fuerzas tradicionales como el PJ y la UCR. “Nos quieren hacer quedar como que pactamos”, se quejó un radical.
Contra Lorenzetti
Enojo. "Estamos muy molestos, la Corte ayuda a darle legitimidad a un proyecto impresentable y a cambio salva su poder de manejar la plata, los contratos y las designaciones", dijo ayer un legislador radical no bien se enteró de que el oficialismo aceptó sugerencias de Lorenzetti. El jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, fue más diplomático. Recordó que en la reforma constitucional del '94 se buscó sacarle ese poder a la Corte para evitar el verticalismo de toda la Justicia.
Menos suave. Liliana Parada, del FAP, dijo: "Parece que por un problema de caja aceptan modificar el proyecto". "Es evidente que del 18 de abril a hoy –por ayer– se negoció algo". Pero fue una vez más Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, la que fue más lejos. "Acá hay un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la Argentina", aseveró Carrió, que comparó este acuerdo con el Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín. "El kirchnerismo lo que le da al Alto Tribunal es el manejo del dinero, presupuesto y personal, aún mas allá de lo que dice la Constitución", dijo Carrió.
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