El combate a la inflación se queda sin instrumentos

Más allá de los resquemores que pueda generar el despliegue de militantes para controlar que los comerciantes no suban los precios, lo que realmente preocupa de Mirar para Cuidar es otra cosa. Lo preocupante es que, en el fondo, el diagnóstico oficial sea que el Estado no es responsable de la escalada de precios (la palabra inflación se evita a toda costa), sino los empresarios. Una escalada que el Gobierno intenta frenar desde 2005, cuando se lanzaron los primeros acuerdos y cuando la suba ya rozaba el 10 por ciento. No se ve la inflación como un problema macroeconómico, resultado de un cúmulo de problemas económicos sin resolver (emisión, déficit fiscal, deficiencia de inversiones, pérdida de competitividad, concentración económica y otros), sino como una cuestión micro, sujeta a la caprichosa decisión de un industrial, un comerciante o un prestador de servicios. La política gubernamental es completamente ajena a este flagelo. Lo complicado de esta lectura es que, por un lado, limita a los acuerdos o controles la batería de herramientas del Estado para combatir la inflación. Y, por el otro, que implícitamente este se declara ineficaz para resolver la cuestión. El Gobierno resigna los instrumentos de política monetaria, fiscal, cambiaria y comercial que tiene disponibles, para concentrarse en uno solo, que ya demostró ser ineficaz. Un dato que afecta en forma negativa lo que se buscaría frenar: las expectativas inflacionarias.