La CGT redobla la presión al Gobierno por obras sociales

Buenos Aires. Después de su reunión con la Presidenta, hace casi una semana, la conducción de la CGT sigue a la espera de la convocatoria del Gobierno a través del ministro de Salud, Juan Manzur, para discutir el pago de la deuda de 9.000 millones de pesos que el Estado tiene con las obras sociales sindicales y reformas al sistema de empresas privadas de salud. La colmada agenda de hoy de Manzur, como la ausencia del sindicalista especializado en el tema, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), quien participará en un congreso sobre recursos hídricos en Corrientes, sugieren que la reunión no se realizará este jueves.El jefe de la CGT, Hugo Moyano, decidió, sin embargo, posicionarse con pretensiones de máxima ante la demorada reu-nión que había sido acordada para esta semana, cuando el viernes pasado la cúpula de la CGT estuvo con la presidenta Cristina Fernández, previo al anuncio del aumento de 20 por ciento del piso a partir del cual los trabajadores pagarán el impuesto a las Ganancias.El fuerte posicionamiento de Moyano durante las últimas horas pasó por hacer trascender el reclamo de la CGT para que se frene el traspaso de trabajadores de las obras sociales sindicales a otros seguros de salud similares, pero privados. También por la renuncia que finalmente presentó el moyanista Daniel Colombo Russell al frente de la Administración de Programas Especiales (APE), organismo descentralizado dentro de Salud que maneja 1.000 millones de pesos anuales para reintegros por tratamiento médicos de alta complejidad y medicamentos costosos.La APE está en el ojo de la tormenta a partir de la causa judicial por la llamada "mafia de los medicamentos" en la que está detenido el bancario José Zanola y que tiene bajo investigación a muchos otras obras sociales sindicales, entre ellas la de camioneros de Moyano. Colombo Russell, al igual que los también moyanistas directivos de la APE Abel Beroiz y Cristina Asorey, habían decidido renunciar, aunque luego dieron marcha atrás, como parte de la reacción de Moyano ante el exhorto judicial suizo en una investigación por presunto lavado de dinero que lo involucraría, hace tres semanas.La regulación de la medicina privada fue uno de los temas que la CGT le planteó a la Presidenta. En especial, por la cuestión de los troqueles falsos de medicamentos de alta complejidad ("mafia de los medicamentos"). "Un alto porcentaje de los troqueles truchos son de empresas de medicina prepaga", dijo a este diario Juan Carlos Schmidt, integrante de la conducción de la CGT. Fuentes sindicales precisaron que la mitad de los alrededor de 1.200 troqueles observados por la APE corresponden a las prepagas. "Denúncienlo", aseguró una de esas fuentes que les dijo la Presidenta el viernes pasado.Ayer Moyano hizo trascender que en la demorada reunión con Manzur plantearán la necesidad de frenar el traspaso de asalariados a las prepagas de salud que genera problemas financieros a las obras sociales sindicales, una demanda cegetista de larga data. El reclamo de la CGT es porque las obras sociales se quedan cada vez más con adultos mayores y aportantes con ingresos más bajos, mientras que los más jóvenes y con mejores salarios van a las prepagas. Unos 18 millones de personas tienen cobertura médica por obras sociales sindicales, 2,5 millones por empresas privadas y el resto, por el sistema público de salud.Además la CGT, bajo la advertencia de que en caso de una negativa irá a la Justicia, le reclamará a Manzur un plan de pagos, al menos en cuotas, de los 9.000 millones pesos que el Gobierno les adeuda a las obras sociales sindicales.