Caución de $ 50 millones a presa por evasión sojera

Villa María. La Justicia Federal de Villa María concedió la excarcelación a una de las seis personas detenidas en el marco de la megacausa por evasión sojera, pero le impuso una caución real de 50 millones de pesos. La medida fue adoptada en el caso de Mónica Gabriela Funes, una mujer que tiene domicilio en la ciudad de Marcos Juárez y que -según consta en la resolución judicial- estaba inscripta como acopiadora de granos y actuaba en la zona santafesina de Venado Tuerto.

En una causa donde todas las cifras son sorprendentes -según la Afip, la presunta asociación ilícita con ramificaciones en media provincia habría comercializado soja en negro por unos 600 millones de pesos- el monto de la caución es también asombroso. Fue establecido en base a datos de la investigación judicial, que habría constatado acreditaciones por más de 100 millones de pesos en los últimos dos años en las cuentas bancarias a nombre de Funes, una mujer de menos de 40 años.

El documento judicial es el primero que se hace público en una causa que continúa con estricto secreto de sumario y considera que la liberación de Funes no supone riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Señala que la situación de la imputada difiere del resto de los detenidos, puesto que Funes está inscripta y registra retenciones de IVA por 1,5 millón de pesos en 2008 y de 6,3 millones en 2009.

Mónica Gabriela Funes está imputada del delito de asociación ilícita fiscal y deberá presentarse cada 15 días en la delegación de la Policía Federal de Bell Ville. Además, tiene prohibida la salida del país.

La causa conocida como "soja negra" supuso una investigación de casi dos años, numerosas escuchas telefónicas, y decenas de allanamientos. A principios de mes fueron detenidos Carlos Conte (40) en un estudio contable de Alta Córdoba, Miguel Ángel Seri (50) en el Country Lomas de la Carolina y Luciano Salvucci (35), en Manfredi. Después se presentaron dos personas que se encontraban prófugas y también fueron detenidas y trasladadas a Bouwer, y más tarde la Justicia ordenó que sea apresada Funes, la única que al momento logró la excarcelación, que fue denegada en el resto de los casos.

Toda la investigación fue desarrollada de manera conjunta por la Afip Córdoba y el juzgado de Villa María, a cargo de Mario Eugenio Garzón.

La Justicia considera probada la existencia de una asociación ilícita fiscal que creaba empresas fantasmas con el objetivo de ocultar ventas de soja que habrían superado las 800 mil toneladas, una cifra que equivale al cinco por ciento de la producción provincial. La investigación continúa.