Caja: movilidad, en el eje de los cambios
De la Sota reconoció que estudia variaciones en el sistema. Se analiza modificar el ritmo y el nivel en que suben las jubilaciones.
Con la demanda interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia y la seguridad de que la Nación no le enviará fondos previsionales, el gobernador José Manuel de la Sota reconoció ayer que analiza cambios en el sistema jubilatorio. En rigor, esa posibilidad había sido deslizada la semana pasada en la Legislatura por el jefe de Gabinete, Oscar González, aunque sin detalles.De hecho, De la Sota tampoco dijo cuál es la estrategia. En cambio, aclaró lo que no piensa hacer. "No voy a firmar un decreto ni voy a mandar un proyecto de ley para rebajar las jubilaciones; tampoco voy a dejar de aplicar el 82 por ciento móvil, porque no borro con el codo lo que escribo con la mano", afirmó.Agregó que tampoco modificará el cálculo del haber inicial ni impondrá una nueva emergencia previsional. Por último, adelantó que en pocos días planteará a los gremios las alternativas en análisis. "Espero que con razonabilidad e inteligencia me ayuden con algunas medidas que estamos estudiando y les vamos a proponer, siempre manteniendo estas conquistas", sintetizó. Movilidad. Funcionarios que integran el núcleo de decisiones del mandatario dijeron que la alternativa más viable con impacto a corto plazo es modificar la movilidad, es decir, la manera en la que suben los haberes. ¿Cómo funciona actualmente? Lo que cobran los jubilados se incrementa según la variación del nivel salarial de los activos por cada sector. Esa suba es automática.La Provincia estudia, por un lado, que el impacto no sea inmediato, es decir, diferirlo tres meses o incluso más. A nivel nacional, por ejemplo, la movilidad se aplica cada seis meses. Esa vía, en tiempos inflacionarios, permite licuar parte de las erogaciones y otorga un margen de aire financiero.La otra carta que se "orejea" es que los jubilados no perciban la totalidad del incremento otorgado a los activos. En este punto, el Gobierno caminaría en la cornisa del 82 por ciento móvil calculado sobre el bruto y sobre el líquido.En la causa Bossio de diciembre de 2009, el Tribunal Superior de Justicia sostuvo que "al normar específicamente la 'proporcionalidad' con el haber actual del activo y, en la simbiosis Constitución-ley, (eso) implica asegurar un beneficio equivalente al 82 por ciento móvil del sueldo líquido del trabajador en actividad".Ese es el piso que no se puede perforar. Y la brecha entre el bruto y el líquido son 18 puntos porcentuales, que marcan el perímetro en el que se moverían las negociaciones con los gremios estatales.En ese punto, la propuesta oficial podría reflejar diferentes ofertas según la cantidad de puntos porcentuales a recortar, siempre con el límite del 82 por ciento sobre el líquido.En el Gobierno tampoco descartan ofrecer un mix de ambas posibilidades, a la vez que se descarta un ajuste impositivo, tal como proponen algunos gremios. También se pondrán sobre la mesa otras alternativas, que en realidad no tienen peso inmediato o implican complicaciones legales, como los topes en aportes y haberes.En definitiva, se apunta a que, a corto plazo, los ingresos crezcan a un nivel que esté por encima de los gastos.
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