Cablevisión pidió juicio político contra el juez que intervino la empresa
Es por presuntas "irregularidades" detectadas en la causa que merecerían, a criterio de la compañía, su apartamiento por "mal desempeño" por su "absoluto desconocimiento del Derecho".
La empresa Cablevisión pidió hoy el juicio político del juez federal de Mendoza, Walter Bento, quien dispuso el miércoles pasado la intervención de la empresa y un gigantesco operativo con Gendarmería para que el designado co-administrador asumiera su gestión tendiente a desmembrar la compañía.
Los abogados de la empresa denunciaron ante el Consejo de la Magistratura de la Nación una serie de "irregularidades" detectadas en la causa que inició el grupo Vila-Manzano y que -a su criterio- "merecen el apartamiento" del juez Bento por "mal desempeño" por su "absoluto desconocimiento del Derecho".
Acusaciones. "El magistrado Bento se habría extralimitado en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y habría obrado en clara connivencia con la parte actora a la que la mencionada resolución a todas luces favorece", sostuvo el escrito.
Cablevisión denunció que Bento dispuso "una llamativa e inusual medida cautelar ordenando una serie de diligencias altamente gravosas y perjudiciales para la firma (...que) persiguen la intención de desintegrar la fusión de Cablevisión y Multicanal S.A. -en adelante, "Multicanal"- operada hace algunos años atrás".
Tras cuestionar la competencia que tuvo el magistrado para actuar, la empresa denunció que "existen múltiples pasajes del decisorio cautelar que evidencian ostensiblemente que el magistrado Bento ha emitido una opinión conclusiva sobre cuestiones que debían recién resolverse en el fondo de la litis".
Para la empresa, esa sentencia cautelar se convirtió "en una indudable sentencia de fondo", en la que se dispuso la ejecución, con lo cual -se sostuvo- "no hay duda que se ha simplificado todo paso procesal al punto de darle la razón a la actora antes de escuchar a los demandados".
Así, Cablevisión denunció que Bento se puso "en connivencia" con Supercanal (del grupo Vila-Manzano) y señaló que en la sentencia cautelar aparecen "párrafos que resultan textuales de otros que se tuvo la oportunidad de conocer" en procesos judiciales donde intervino "el doctor Eduardo Vila".
"La coincidencia es patente y abrupta. De ningún modo podemos decir que estamos aquí en presencia de una casualidad -sostuvo la empresa-. Todo ello, nos lleva a la presunción de que cuando interviene el Dr. Vila y Supercanal los jueces sugestivamente ajustan sus consideraciones para otorgarle el derecho que pide y así lo denunciamos ante la justicia criminal".
Entre los considerandos, Cablevisión también denunció "la posible vinculación del magistrado Bento con la parte actora", al aludir a la presencia en la empresa de un agente de inteligencia de la firma Holder Korpus junto al coadministrador designado, el pasado miércoles.
"Si el Interventor Coadministrador es un auxiliar imparcial del Juez, ¿por qué estaba acompañado y recibía instrucciones de un servicio de inteligencia privado que como tal se ofrece en el mercado?", se preguntó Cablevisión.
Bajo la aclaración de ampliar la denuncia, Cablevisión sostuvo que ante "las arbitrariedades e irregularidades que encierran el dictado de la medida cautelar" corresponde separar al juez de su cargo porque se puede "pensar seriamente que el magistrado Bento no ha efectuado un recto ejercicio de su función fallando lo que su sano y libre juicio le indicaba".
Bento, entendió, habría "forzado los hechos y el derecho para fallar de modo favorable a una de las partes del proceso, perjudicando así de modo intencional y altamente gravoso a la demandada Cablevisión", dice la empresa del grupo Clarín.
A la hora de las imputaciones, Cablevisión pidió abrir juicio político por las causales de "mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones", "mala conducta", "arbitrariedad y falta de apego a la ley y a la Constitución", además de "desconocimiento notorio del Derecho".
Por otro lado, diputados opositores de Argentina presentarán ante la OEA un informe para mostrar que, a su juicio, la "libertad de expresión" está en "peligro" en el país, tras la intervención judicial de Cablevisión, propiedad del grupo Clarín (ver Intervención de Cablevisión: la oposición irá ante la OEA).

