Anses: sin freno en los gastos administrativos

Uno de los indicadores para medir eficiencia y sustentabilidad en el gasto público es la incidencia que tienen los desembolsos para cubrir las erogaciones administrativas.

Si estas últimas crecen más que las totales, algo no anda bien. El caso de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) es sintomático.

Si bien la inflación empuja todas las variables hacia arriba, la participación de los gastos de funcionamiento en el total de débitos no cede desde 2009.

Según datos oficiales del Ministerio de Economía nacional, el año pasado, los gastos administrativos treparon a 5.655,9 millones de pesos, casi 25 por ciento más que en 2011 (ver Infografía).

El salto comenzó después de 2008, justo cuando se estatizó todo el sistema con la eliminación de las administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).

Ese año, con la absorción de más personal, los gastos de funcionamiento subieron 53 por ciento, al pasar de 855,1 millones a 1.307,2 millones de pesos.

De todos modos, aún estaban en los niveles esperados, ya que no superaban el dos por ciento de las erogaciones totales.

Pero fue la punta de lanza de una escalada que, en términos relativos, tocó su pico en 2011, cuando los gastos administrativos fueron el tres por ciento de los pagos totales.

El año pasado, en tanto, cedieron levemente, hasta 2,8 por ciento. Pero desde el punto de vista nominal, marcaron un aumento de 560 por ciento en los últimos cinco años.

Factores. Si bien varios factores han influido, como el elevado grado de litigiosidad que afronta el organismo, hay un nivel de complejización en los gastos de Anses que antes no existía.

Por ejemplo, la implicancia de participar en los paquetes accionarios de diversas empresas en las que habían invertido las AFJP.

También su involucramiento en numerosos programas y planes sociales no previsionales, como la Asignación Universal por Hijo.

Y, en otro plano, el plan Conectar Igualdad (entrega de netbooks a escuelas), el financiamiento del plan hipotecario Procrear y el programa Argenta (créditos a jubilados y pensionados).

Esa demanda agregada explica también la imperiosa necesidad del organismo de aglutinar ingresos que están más allá de la lógica de un sistema previsional.

Anses se financia también con recursos impositivos que, en los últimos años, son un factor esencial para asegurar el superávit financiero del organismo.

Días atrás, un trabajo del Ieral de la Fundación Mediterránea mostró que los aportes de las provincias y del Tesoro nacional a la Anses explicaron en 2012 el 37 por ciento de sus ingresos.

En Córdoba. Aunque hay una gran diferencia de escala, los gastos de funcionamiento de la Caja de Jubilaciones cordobesa son menores en términos relativos.

De todos modos, lo esperable sería que, justamente por esa menor escala, la eficiencia no sea mejor que la nacional. Sin embargo, no es así.

Entre 2011 y 2012, los gastos administrativos rondaron los 100 millones de pesos; pero, a diferencia de lo que ocurre en la Anses, representan el 1,2 por ciento de los gastos totales.

Incluso, no han superado una incidencia de 1,4 por ciento en la última década. De hecho, la Anses tenía ese nivel hasta 2005, cuando subió a 1,8 por ciento.

Está claro que, en el caso de Córdoba, hay una especie de austeridad obligada, en virtud del déficit que afronta el sistema local y que desde 2011 no cuenta con las transferencias nacionales.

En líneas generales, los gastos de funcionamiento de la Caja se incrementaron a un ritmo similar al de las erogaciones totales del sistema.

Lo contrario ha ocurrido en la Anses y el reflejo es, justamente, la mayor participación relativa de las demandas administrativas.