Amparo por el cupo para discapacidad en el empleo público
Lo inició contra la Provincia y la Municipalidad de Córdoba un joven con problemas motores. Demanda que se cumpla el cuatro por ciento de cargos destinados por ley.
Luis Miguel Flores, un joven de 28 años que sufre de una discapacidad motriz que afecta a su cadera, presentó un amparo contra la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial, en reclamo de que cumplan con la legislación que impone que un mínimo de cargos públicos debe estar ocupado por personas con capacidades diferentes.
Luis es el mayor de cuatro hermanos, tiene el secundario completo e hizo varios cursos de informática. Busca ingresar a la administración pública invocando el cupo por discapacidad, atento a que la ley vigente supuestamente lo protege, pero nunca obtuvo una respuesta favorable a sus reclamos.
Esa referencia apunta a la ley nacional N° 22.431, que en su artículo 8 establece que un cupo mínimo (el cuatro por ciento) del empleo público está reservado para discapacitados. En Córdoba, pese a que el municipio y la Provincia adhirieron en su momento a esa norma, no la estarían cumpliendo en ese punto.
La abogada de Flores, María Laura Zeheiri, explicó que la decisión de judicializar el reclamo sobrevino después de deambular meses por las instancias administrativas correspondientes. Tampoco descartó que el amparo derive en una denuncia de orden penal.
“El porcentaje que se determina en el artículo 8 de la ley es de cumplimiento obligatorio. Fija que el Estado está obligado a ocupar a personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para un cargo”, señaló la letrada.
Previo a presentar el amparo, el demandante dijo haber realizado consultas en el municipio y la Provincia, pero aclaró que además de no haber recibido una respuesta en tiempo y forma, la devolución tampoco fue completa. “Nos dijeron simplemente que el ingreso es por concurso. Aunque la ley dice que los discapacitados tienen asegurado ese porcentaje, no tendrían que estar rindiendo concurso”, aclaró Zeheiri.
Luis Flores apunta que pese a ello, en julio de 2010 intentó ingresar a la Municipalidad a través de un concurso y preguntó si había puestos para discapacitados. Aún espera respuesta.
Rechazo. Luego, realizó varios intentos más, hasta que el 27 de septiembre pasado, recibió una cédula de notificación en la que el intendente Ramón Mestre rechazó su pedido. Eso lo empujó a iniciar la vía del amparo.
En el escrito, la administración de Mestre precisaba en relación con el pedido que la legislación “no implica un reconocimiento de un derecho subjetivo de ser incorporado como agente municipal a quienes se encuentren en situación descripta en la norma. Lo que impone la norma es que, cuando se disponga un concurso a los fines de ingresar en la planta permanente de la Municipalidad, se debe garantizar un cinco por ciento de los cargos a concursar, sean cubiertos por aspirantes conforme a lo dispuesto por la norma precitada, es decir la ordenanza N° 9.487”.
Flores asegura que desde la Provincia le ofrecieron un subsidio o un PPP (Plan Primer Paso), pero insistió en que él lo único que quiere es trabajar.
Ante una consulta de este diario, desde la Municipalidad admitieron que a pesar de tener una planta que supera los 10.600 empleados, desconocen si entre ellos hay efectivamente un cuatro por ciento de discapacitados. “Nunca se respetó esa cifra”, coinciden los funcionarios.
Desde la Provincia, directamente no contestaron las preguntas sobre el tema. Sólo el Ministerio de Desarrollo Social informó que en su ámbito hay unas 29 personas con discapacidad, sobre 800 que realizan sus tareas en el área central. En total, esa cartera tiene 2.857 empleados.
