Allanaron Bacar en busca de pruebas por la megaevasión sojera
La Justicia secuestró documentación en busca de datos sobre la estructura financiera que sostenía los movimientos de la banda.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) Córdoba informó que ayer alrededor de las 18, por instrucción del juzgado de Villa María, la Policía Federal allanó "el domicilio comercial de la transportadora de caudales más importante del interior del país", en el marco de la causa por la megaevasión sojera que habría comercializado en negro unas 800 mil toneladas de cereal, el equivalente al cinco por ciento de la producción anual de la provincia.
Según trascendió de fuentes de la Policía Federal, el allanamiento se produjo en la sede de la empresa Bacar, en calle Santiago del Estero. Este diario anoche intentó conocer sin éxito la versión de la firma.
Desde la Afip, explicaron que la investigación judicial avanza hacia el esclarecimiento del esquema financiero que sostenía el accionar de la banda acusada de asociación ilícita fiscal, y que en ese sentido es que terminó aparentemente implicada la empresa Bacar. No se brindaron detalles respecto a la participación concreta que se atribuye a la firma.
La investigación que lleva adelante el Juzgado Federal de Villa María, a cargo de Mario Eugenio Garzón, cuenta con una abrumadora cantidad de pruebas, obtenidas en más de una treintena de allanamientos y en meses de escuchas telefónicas, que permitieron dar con información detallada respecto a la banda que habría comercializado en negro unas 800 mil toneladas de soja producidas en la provincia de Córdoba, con movimientos económicos por más de 600 millones de pesos.
La causa cuenta con 29 imputados y seis detenidos. Uno de los datos que mejor grafica la magnitud de las cifras en juego es la caución de 50 millones de pesos impuesta a una de las imputadas al momento de otorgarle la libertad. Se trata de una fianza real.
"Esta organización criminal se dedicaba a la generación de empresas fantasma con el fin de blanquear las operaciones marginales de producciones agrícolas", señala el comunicado de la Afip.
Asimismo, la entidad recaudadora también señala que la maniobra consiste en la simulación de gastos e insumos destinados a la producción agrícola, conocida como "venta de facturas truchas", operación que se completaba con el servicio de simulación en el cumplimiento de medios de pago exigidos por la ley antievasión (movimientos bancarios y emisión de cheques a nombre de insolventes).
