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Alfonsín respaldó al Gobierno y el Gapu le pidió moderación

De Vido culpó a "gobiernos anteriores" que cedieron la jurisdicción, algo que también hicieron Néstor y Cristina Kirchner en los canjes 2005 y 2010.

23 de noviembre de 2012 a las 12:01 a. m.
Agencias DyN y Télam
Alfonsín respaldó al Gobierno y el Gapu le pidió moderación

Buenos Aires. En general, el arco político reaccionó a la decisión del juez Thomas Griesa de obligar a la Argentina a pagar a bonistas que no entraron al canje con un apoyo a la línea de rechazo del gobierno de Cristina Fernández. Pero lo hicieron con matices. El diputado nacional por el radicalismo Ricardo Alfonsín y el senador por el Frente para la Victoria, Ruperto Godoy, cuestionaron el fallo de Griesa y la actividad de los llamados "fondos buitre".Alfonsín consideró que el fallo es "lamentable" y dijo que "espera que pueda ser revisado en la apelación" que presentará el Gobierno nacional."Es lamentable y puede tener implicancias muy negativas para cualquier país que se encuentre en situaciones de emergencia económica o financiera", aseguró, reiterando el argumento del ministro de Economía, Hernán Lorenzino.Tanta solidaridad no fue correspondida. El ministro de Planificación, Julio De Vido, culpó a los "gobiernos anteriores" que aceptaron la jurisdicción estadounidense para emitir bonos, lo que incluye al gobierno radical de la Alianza. Por cierto, también incluye a los de Néstor y Cristina Kirchner, ya que los bonos de los canjes 2005 y 2010 también se emitieron bajo esa jurisdicción judicial.En tanto, el Grupo de Acción Política para la Unidad (Gapu), conformado por diputados del PRO y del peronismo disidente, consideró que el Gobierno debe "moderar su discurso" en materia de deuda y "reflexionar". Así lo indicaron Gabriela Michetti, Paula Bertol, Humberto Schiavoni y Federico Pinedo (PRO); Eduardo Amadeo y Eduardo Mondino (PJ disidente) y Patricia Bullrich.Alfonso Prat Gay, diputado de la Coalición Cívica y ex titular del Banco Central, sostuvo que el fallo de Griesa, además de ser "sorprendente y durísimo" es "de imposible cumplimiento para el gobierno argentino".