La política de EE.UU. jugando con fuego

"Es la política, estúpido", la famosa frase del ex presidente Bill Clinton, es una vez más la mejor forma de resumir en cuatro palabras el ruido en los mercados gatillado por la puja en torno al levantamiento del tope de la deuda pública en Estados Unidos (en 14,3 billones de dólares). Si bien desde 1962, el Congreso norteamericano autorizó en 74 ocasiones el levantamiento del techo de la deuda, esta vez la intransigencia política de republicanos y demócratas todavía no permitió coordinar un plan de consolidación fiscal que destrabe el conflicto. Todo esto en un contexto en el que la economía muestra sobrados signos de desaceleración, en parte por la contribución negativa del gasto público en los últimos nueve meses. Por un lado, los conservadores republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, intentan pasar un plan de ajuste fiscal que haga hincapié en la reducción de gastos (sobre todo en la red de Seguridad Social) y que excluya todo tipo de aumento en los impuestos a la clase alta. Por el otro, los demócratas que dominan el Senado, aspiran a coordinar un plan de ajuste fiscal que limite el ajuste al gasto en seguridad social, y que además incorpore mayores impuestos a los estratos más altos de la escala social. En el medio, el presidente demócrata Barack Obama impone como condición para autorizar la ley del Congreso, incrementar el tope de la deuda en una cuantía suficiente que permita financiar el agujero fiscal hasta que se dirima el proceso electoral de fines de 2012. Por lo pronto, hay dos proyectos que compiten hoy en el Congreso: El del líder republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, que promete reducir el déficit en 0,917.000 billones de dólares en 10 años y aumentar el tope de la deuda pública en igual cuantía, situación que con un déficit anual de 1,3 billones (nueve por ciento del PIB) no evita volver a discutir un aumento del techo de la deuda antes de las elecciones de noviembre de 2012. En el otro extremo se trabaja en una propuesta del senador demócrata Harry Reid, que incluye un recorte de 2,2 billones, un billón por el retiro de tropas en Irak y Afganistán y otros gastos de funcionamiento y defensa del Estado. Si bien esta propuesta no incluye aumento en impuestos a las clases altas, la negativa a reducir el gasto en seguridad social entra en conflicto con la propuesta republicana. El Congreso tiene tiempo hasta el 2 de agosto para aprobar un plan de ajuste fiscal que permita levantar el tope de la deuda. Si bien nadie cree en un escenario de cesación de pagos, las chances de una baja en la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos, que goza de la máxima nota AAA están a la vista. Evidentemente, una rebaja en la calificación de la deuda de USA no será gratis y el impacto directo se sentirá en los mercados de dinero que abastecen el financiamiento de cortísimo plazo, que al día de hoy asciende a cuatro billones. Los fondos de money markets que proveen los préstamos de cortísimo plazo tomando como colateral títulos de deuda del Tesoro, exigirían a los bancos un aumento de las garantías que consisten justamente en los bonos del Tesoro que hoy están bajo la lupa de las calificadoras. La consecuencia directa sería un intento de los bancos para aumentar su posición de liquidez a costa de la venta de activos más riesgosos (acciones, bonos y commodities) desencadenando una espiral deflacionaria en estos activos y forzando una restricción del crédito con efectos contractivos sobre la economía real. Muy en el margen, los mercados ya empiezan a reflejar un movimiento defensivo de las entidades financieras que buscan aumentar su liquidez. Mientras la política sigue jugando con fuego, las mangueras de la Reserva Federal ya están listas para proveer la liquidez necesaria para mantener el circuito normal del crédito y la estabilidad financiera. Mientras tanto, el mercado espera que a diferencia de lo ocurrido en octubre de 2008, cuando en pleno colapso del sistema financiero luego de la caída de Lehman Brothers, el Congreso norteamericano demorara 15 días en aprobar el paquete del TARP para evitar el quiebre del sistema de pagos global, esta vez las definiciones se den de antemano y que al momento de ser publicada esta nota, la noticia respecto al acuerdo del Congreso ya sea un hecho. Si se prolonga no se descartan daños colaterales que puedan cebar la volatilidad de los mercados.