Una de buenos y malos

El Congreso de Estados Unidos aprobó en estos días el plan de reforma financiera que impide el rescate de bancos con dinero de los contribuyentes y que aparece como una medida indispensable para evitar situaciones como las que llevaron a la crisis de 2008.

Barack Obama se anotó así una victoria, que le viene muy bien para eclipsar el mal momento que está pasando por el derrame de petróleo en el Golfo de México y la situación económica.

La reforma, que apunta a regular un mercado hasta ahora refractario a cualquier supervisión del Estado, contiene medidas que, teóricamente, impedirán que los bancos y entidades financieras incurran en actividades irresponsables que pongan en peligro su capital.

Para esto, la supervisión del Estado tendrá un papel clave.

No puede haber otro rescate multimillonario como el que se aprobó en 2008 para que el sistema no se derrumbara y arrastrara a la economía de todo el país con él. Porque si bien los miles de millones del rescate frenaron la caída, poco se pudo hacer en favor de las familias que de pronto vieron que sus viviendas valían menos que cuando las habían comprado y que no había sueldo que alcanzara para la hipoteca. (Todo el que compra una casa en Estados Unidos lo hace con una hipoteca a 30 años.)

En este panorama sumamente complejo hubo dos elementos que impactaron a la gente común. Por un lado, los millonarios bonus que cobraron ejecutivos de bancos involucrados en el desastre; por el otro, la ola de remates de viviendas de familias que se metieron en una hipoteca que no pudieron afrontar. El gobierno salvó a los banqueros de la ruina pero no salvó a los contribuyentes de las garras de los banqueros, es la queja que se oye de algunos sectores.

Una medida para impedir que las hipotecas puedan ir a parar a personas insolventes es la que obliga a los bancos comerciales a concentrarse en sus actividades crediticias y dejar los productos de inversión riesgosa para otras entidades.

Un consejo supervisor formado por 10 miembros tendrá la lupa sobre el sistema financiero para controlarlo.

De forma paralela, se creará una repartición que supervisará productos y servicios financieros, como las hipotecas, pero también tarjetas de crédito y préstamos personales.

Las tarjetas suelen convertirse en un grave problema para familias de clase media para abajo, por su aparente facilidad de financiamiento que oculta altos intereses en la letra chica de los contratos.

La creación de esta repartición es una de las medidas más novedosas para Estados Unidos, país en el que los consumidores generalmente terminan reclamando en tribunales y pagándole a un abogado. El lado oscuro de esta novedad es que esa oficina va a depender de la Reserva Federal, algo que no resulta muy popular.

La oposición republicana argumentó que de esta manera se castiga a los bancos, que deberían aportar un fondo de 19 mil millones para que se ponga en marcha el nuevo esquema. La presión fue suficiente como para lograr que esta cláusula fuera eliminada del proyecto de ley que finalmente se votó.

El coro apocalíptico al que se sumaron los banqueros desde la Asociación Estadounidense de Bancos no se vio reflejado en la Bolsa, que cerró la semana en alza.

Precisamente de este dato se toman quienes desde la izquierda (que sí existe en Estados Unidos) aseguran que el proyecto de reforma fue desvirtuado por la negociación en las Cámaras para su aprobación y que el resultado es un producto lavado, descafeinado.

Esa misma izquierda, sin embargo, insta a la gente a continuar con sus reclamos para lograr que esta reforma sea el comienzo de una aún mayor. Dos años atrás nadie habría apostado un centavo por una reforma, por más tibia que fuera. Hoy, ese cambio se ha producido y es un paso importante.