Rousseff sancionó una ley para investigar los años de plomo

Brasilia. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, promulgó ayer la ley que crea una Comisión de la Verdad que investigará violaciones de los derechos humanos, torturas y asesinatos de presos políticos durante la dictadura militar (1964-1985), aunque no tendrá funciones punitivas. La comisión, cuya creación fue aprobada en octubre por el Congreso, tendrá siete integrantes elegidos por Rousseff y un plazo de dos años para exigir documentos de organismos públicos, indagar a testigos y solicitar análisis forenses para identificar los restos de desaparecidos políticos.Sin embargo, el grupo no tendrá poder para castigar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos que fueron beneficiados por la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, Joao Figueiredo.El proyecto fue aprobado en votación simbólica por el Senado el 25 de octubre, tras intensas negociaciones con las fuerzas armadas.La oposición apoyó el proyecto, pero introdujo modificaciones, como la que contempla que la Comisión tenga entre sus integrantes a representantes de las fuerzas armadas o víctimas de atentados guerrilleros.Para evitar una crisis con los militares, del texto se quitaron expresiones como "represión política" y el período a ser investigado se amplió de 1946 a 1988, para que no coincidiera con los 21 años de la última dictadura militar.Ese consenso legislativo fue reivindicado por Rousseff como prueba de "madurez democrática" y "gran avance en la consolidación institucional"."Para que los hechos que mancharon nuestra historia nunca más vuelvan a ocurrir, es necesario que se conozca la verdad", remarcó la mandataria en el Palacio del Planalto, durante la ceremonia de promulgación de la norma.Con los jefes de las fuerzas armadas y ministros en el auditorio, la presidenta –presa política durante la dictadura– rindió "tributo a los que lucharon y perecieron por la democracia durante los años de arbitrio".Aunque no tendrá efectos punitivos, miembros del Comité por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pablo consideraron que la investigación puede resultar un paso hacia la apertura de procesos.La ministra de Derechos Humanos, María do Rosario Nunes, expresó su deseo de que Argentina haga su aporte en las investigaciones relacionadas con el Plan Cóndor, que coordinó a las dictaduras en los '70.