Reforma laboral por decreto en España

Madrid. El gobierno español aprobó ayer por decreto la polémica reforma laboral que busca flexibilizar las condiciones de trabajo, en el marco de la serie de medidas implementadas para paliar la profunda crisis económica del país.

La reforma laboral ya fue rechazada por las dos principales centrales sindicales -Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT)- que anteayer convocaron a la primera huelga general en ocho años para el próximo 29 de setiembre.

Entre otras medidas, busca desalentar los contratos temporales a cambio de reducir los costos de los despidos y los aportes patronales, además de un recorte del gasto público y el congelamiento de salarios estatales.

El objetivo de la reforma es "reducir la temporalidad excesiva" que existe en España y fomentar los contratos indefinidos, aseguró en rueda de prensa la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión del consejo de ministros que la aprobó. El gobierno defendió su iniciativa en un país en el que la crisis ha dejado más de cuatro millones y medio de desempleados.

La reforma reclamada por la patronal y organismos internacionales, es rechazada por los sindicatos, que plantearon sus objeciones al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, antes de decretar el paro.

El Ejecutivo socialista no logró alcanzar un acuerdo con los empresarios y los sindicatos para consensuar la norma, que ayer sacó adelante en forma de decreto ley y que entrará en vigor a partir de hoy.

No obstante, la vicepresidenta pedirá su tramitación en el Parlamento como proyecto de ley con el fin de que los demás grupos políticos puedan presentar sus enmiendas y recoger de esa manera el máximo consenso posible. La reforma es la más importante acometida en España en los últimos 20 años, opinó De la Vega, quien reconoció que se aprueba sin el acuerdo de la patronal y de los sindicatos, pero insistió en que con ella se busca "atajar algunos de los problemas más acuciantes".

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, calificó a la nueva norma como "una reforma estructural, pensada no sólo para el momento actual sino para que sirva de marco y referencia durante años". "Con la reforma se pretende cambiar la cultura, para que cuando haya problemas no empecemos ajustando la plantilla de personal, sino ajustando la producción", agregó.

Entre las novedades del texto figura que el Estado asumirá el pago de ocho días de indemnización en los casos de despido de trabajadores con contratos indefinidos, para los que se fija una indemnización media de 33 días por año trabajado, frente a los 45 actuales.

Además, para recurrir a un despido, las empresas sólo tendrán que argumentar que tienen pérdidas económicas, sin un período mínimo específico. Para estos despidos hay una indemnización de 20 días por año trabajado. Pese a todo, algunos dirigentes empresarios calificaron como "reformita" y no "reforma" a la que acaba de decretar el gobierno, ya que se quedó "corto" en su texto.

Los dirigentes sindicales, en tanto, la rechazan porque consideran que perjudica a los trabajadores y no fomentará la creación de empleo, al tiempo que facilitará el despido.

En España, el derrumbe del sector inmobiliario, motor económico en los últimos 10 años, unido a la crisis, se tradujo en una gran pérdida de puestos de trabajo, con una tasa de desempleo de más del 20 por ciento de la población activa.

La aprobación de la reforma se produjo un día antes de la cumbre que los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea celebrarán hoy en Bruselas, lo que permitirá a Zapatero esgrimirla entre sus medidas anticrisis, junto al plan de choque de reducción del déficit público aprobado en mayo para dejarlo en el tres por ciento del PIB en 2013, como exige la UE.