Ratifican 7.710 años de condena a exmilitares en Guatemala

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Guatemala ratificó la condena acordada hace siete meses por un tribunal, que sentenció a 7.710 años de cárcel a exmilitares por una masacre en la que fueron asesinadas 256 personas.La condena es de 30 años por cada hombre, mujer y niño asesinados y 30 más por el delito denominado deberes contra la humanidad, aunque en realidad serán 50 por ser el máximo de tiempo establecido en el Código Penal de este país centroamericano.El fallo del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo está apegado a la ley y no se cometió ninguna arbitrariedad porque la sentencia está basada en las pruebas aportadas durante los debates, señala la resolución leída ayer en audiencia pública en la capital guatemalteca.La defensa de los militares había apelado el veredicto del pasado 20 de marzo al considerar que hubo irregularidades en el juicio desarrollado en el mencionado juzgado.La sala calificó de improcedente el reclamo de los abogados defensores porque todas las evidencias presentadas establecen como responsables de la matanza a los cinco sentenciados: cuatro miembros de la extinta agrupación paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil y un comisionado militar, cargo otorgado por el Ejército a colaboradores en la lucha antiguerrillera durante el conflicto interno (1960-1996).Condena. Los testimonios y peritajes presentados demostraron que ellos actuaron con alevosía, premeditación, ensañamiento y perversidad brutal.La condena fue por el crimen colectivo de 256 habitantes de la comunidad Plan de Sánchez el 18 de julio de 1982, en el departamento de Baja Verapaz, en el norte de Guatemala.Según las declaraciones, a las cuales el tribunal dio valor probatorio, las mujeres fueron violadas, torturadas y ultimadas, mientras todas las víctimas resultaron calcinadas.La fiscalía contó para armar su acusación con argumentos de 47 sobrevivientes, 158 medios documentales y peritajes con los cuales fueron identificadas las víctimas mediante análisis de ADN, según despacho de Prensa Latina.El Ministerio Público probó como los cinco enjuiciados ayudaron, guiaron y brindaron información al cuerpo castrense acerca de la ubicación de Plan de Sánchez para ejecutar la matanza, aparte de su participación directa.En el momento del crimen estaba el gobierno de Efraín Ríos Montt (1982-1983), quien ordenó varios actos de genocidio como parte de la política de tierra arrasada para acabar con la insurgencia y su apoyo.