Protestas contra ley universitaria en Venezuela

Caracas. La policía venezolana repelió ayer con agua y perdigones una marcha opositora organizada en rechazo a una nueva ley universitaria, aprobada en la madrugada de ayer por la mayoría de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que tildaron de "inconstitucional e inconsulta". Durante los incidentes, a las puertas de la Universidad Central de Venezuela, un profesor y un dirigente opositor, el general retirado Antonio Rivero, resultaron levemente heridos por perdigones, mientras que un fotógrafo fue golpeado en la cabeza, sin mayores consecuencias.El grupo de estudiantes y profesores opuestos al gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, se concentró en la mañana en la UCV para luego iniciar una marcha, que carecía del permiso legal, hasta la cercana Plaza Venezuela. Los manifestantes, cifrados en unos 500 por los organizadores, no pudieron salir de los espacios universitarios porque la Guardia Nacional (policía militarizada) y la Policía Metropolitana se lo impidieron con las llamadas "ballenas", o carros hidrantes.En principio, la movilización opositora había sido convocada hasta la sede del Parlamento, pero los organizadores desistieron de ello dado que carecían del permiso correspondiente.Además, ayer no hubo sesión legislativa, por lo que al llegar a la sede parlamentaria no hallarían a ningún diputado al cual presentar sus críticas, añadió la rectora de la UCV, Cecilia García.La rectora de la UCV declaró a los medios locales que, ayer por la mañana, una comisión de profesores entregó en la secretaría de la Asamblea Nacional un documento donde argumentan su rechazo a la nueva ley de universidades.La AN aprobó en la madrugada de ayer la nueva ley de universidades, defendida por la mayoría oficialista como "democratizadora", y repudiada por la oposición porque acabaría con la autonomía de esas casas de estudio. Desde hace dos semanas y en la recta final de su período de cinco años, que culminará el 4 de enero, la Asamblea aprobó casi una veintena de leyes que, según oficialistas, buscan consolidar el socialismo. La oposición tilda a las normas de "inconstitucionales".