Lula actúa para facilitar el paso de mando a Rousseff

Brasilia. El jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, les pidió ayer a sus ministros que faciliten la transición con la presidenta electa, Dilma Rousseff, que lo sucederá a partir del 1º de enero, y los instó a que ofrezcan toda la ayuda que necesite la futura gobernante. "Esta reunión es para pedirles que trabajen con mucho cariño para ayudar en el proceso de transición. Necesitamos facilitar todo el proceso de información que el nuevo gobierno necesite del actual", dijo Lula al abrir ayer en el Palacio presidencial de Planalto una reunión con su gabinete.El gobernante agregó que creará por decreto una comisión de transición que será la encargada del proceso y que será coordinada por el Ministerio de la Presidencia, del que Rousseff fue titular hasta marzo pasado, cuando renunció para iniciar su campaña electoral."En algún momento puede ocurrir que la comisión de transición quiera conversar con los ministros, individualmente, y es importante que estén disponibles para atender y crear todas las facilidades posibles para que la transición sea lo más tranquila y lo más transparente posible", agregó.Rousseff, elegida el domingo como primera presidenta de Brasil con el 56 por ciento de los votos, viajó el miércoles a un lugar no precisado para pasar unos días de descanso.Lula dijo que le dejará a Rousseff la responsabilidad de enviar al Congreso dos nuevos marcos reguladores discutidos en los últimos meses.Además de pedirle a sus ministros una lista de obras y proyectos para los dos meses que le quedan, Lula solicitó la elaboración de un balance de sus ocho años de gobierno, que presentará como su legado."Ningún ministro ni ningún partido tienen cupo garantizado en el próximo gobierno", aseguró en la reunión. Proceso abierto. En tanto, el Ministerio Público Federal de San Pablo abrió ayer un proceso para depurar la presunta responsabilidad civil de cuatro militares jubilados por seis asesinatos y la tortura de 20 personas, entre ellas Dilma Rousseff. Los cuatro acusados podrían perder sus pensiones de jubilación y ser condenados a pagar indemnizaciones a la sociedad y a contribuir a las que paga el Estado a las víctimas de la dictadura (1964-1985).El proceso investiga los crímenes presuntamente cometidos por los cuatro militares en la Operación Bandeirante, dirigida por el comando del segundo ejército entre 1969 y 1970, en el auge de la represión contra opositores al régimen.Entre las víctimas de tortura citadas en el proceso se encuentra Rousseff, quien fue arrestada por más de dos años por su participación en grupos armados de resistencia.La presidenta electa integró las organizaciones clandestinas Política Operaria (Polop), Comando de Liberación Nacional (Colina) y Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR-Palmares). Ella reconoce haber integrado estos grupos, pero rechaza haber participado en cualquier acción armada.La fiscalía detalló que la Operación Bandeirante sirvió a los militares como experimento para unificar el trabajo de represión y tortura a disidentes, que hasta ese momento se repartía entre diferentes dependencias del ejército y de los cuerpos de la policía.