La presión mediática no logró frenar a Evo

La Paz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó ayer una ley contra el racismo sin modificar dos polémicos artículos que rechazan la mayoría de los medios, por considerar que amenazan la libertad de expresión. Los periodistas anunciaron medidas de presión a mediano plazo. "Por fin, aprobamos una ley contra el racismo, una ley para acabar con el racismo y la discriminación", dijo el mandatario tras estampar su firma en el texto en el Palacio, ante sus ministros, diputados y senadores y representantes de movimientos afines.La norma fue promulgada horas después de que el Senado aprobará la ley, en medio de protestas de la oposición, cuyos legisladores asistieron a la sesión vestidos como presos.En su discurso, Morales admitió que hay "muchas diferencias" entre los sectores que debatieron la nueva norma, pero reiteró que "sólo busca la igualdad entre los bolivianos y las bolivianas", lo que hará que haya una "verdadera democracia en el país".El artículo 16 de la norma establece sanciones económicas e incluso el cierre de medios que publiquen lo que el gobierno considere "ideas racistas y discriminatorias", y el 23 fija que periodistas y dueños de medios acusados de racismo no podrán acogerse a fuero alguno tras ser procesados. "Garantizada". Sobre las quejas de los medios y los periodistas que aseguran que esos apartes de la ley coartan la libertad de expresión, Morales dijo que ésta "está garantizada" y lamentó que muchos profesionales de la prensa se escuden en ella para la "ofensa y la humillación". El director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan Javier Zeballos, dijo que "fue doloroso ver a los senadores ignorar el clamor de periodistas, del pueblo y de organismos para consumar el entierro de la libertad de expresión".La ANP asocia a los directores de diarios de Bolivia que el jueves realizaron una protesta inédita al dedicar sus portadas enteras a un mensaje único: "Sin libertad de expresión no hay democracia".La ANP ha anunciado que recolectará firmas de la población para pedir al Congreso un referéndum sobre la vigencia de esos dos polémicos artículos que consideran una "mordaza" para la prensa.